El SOAPAP está en quiebra. Lo han quebrado quienes lo han administrado. Es lugar común entre el personal que ahí labora, que durante varias administraciones el dinero entraba por un lado y salía por otro.

Era la caja chica, dicen y dan nombres y datos. No aportan pruebas.

Lo cierto es que la deuda del SOAPAP asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos, y la venta, concesión, privatización, ha sido anunciada y empezada a ejecutar con las modificaciones a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, por parte del Congreso local y avalada por el Cabildo de la Capital.

El Gobierno de Puebla, el Ejecutivo, el Legislativo, la estructura de poder, quienes deciden en el Estado han resuelto lo que creen que más conviene a los poblanos: concesionar el negocio del agua. O a ellos.

Aventar la papa caliente.

Extrañamente de manera acelerada.


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En un año, se habrá completado el proceso: legal, administrativo, político.

Pero carente de legitimidad y de respaldo social.

No se han esgrimido los argumentos para mostrar que la privatización mejorará el servicio, abasto, precios; lo que realmente interesa a los millones de poblanos. No se conocen las razones. Todas se suponen.

En serio, y no es política barata o irresponsabilidad pretender saber cuáles serán los beneficios sociales, de servicios y económicos.

Y quiénes los disfrutarán.

Hay muchos ejemplos de ciudades y países en el mundo en los cuales las privatizaciones del agua han fracasado y significado un peso sobre los hombros de los ciudadanos.

Aún más, hay inquietud y desasosiego entre los trabajadores, de campo, administrativos y funcionarios del SOAPAP, porque perciben despidos, liquidaciones y jubilaciones anticipadas.

En pocos años habremos de comprobar que la concesión a una empresa privada no fue la mejor solución.

Pero así se maneja el poder.

@luisenriquesf

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