Expertos reprueban elevados costos de la información pública

Puebla, Puebla.- Para Lilia Vélez Iglesias, ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), los elevados costos del acceso a la información son “una medida que podría ser inconstitucional porque atenta directamente contra el derecho de la información de los ciudadanos”.

Entrevistada por Lado B, la académica sostuvo además que el problema les fue señalado a los funcionarios de la actual administración en una reunión que sostuvo el nodo de Transparencia de la organización Actívate por Puebla de la que también forma parte.

“Fue uno de los planteamientos que ya se hicieron desde varias organizaciones, Amedi, Actívate por Puebla, México Infórmate. Es importantísimo modificar ese apartado de la Ley de Ingresos, eso enviaría una señal de la voluntad política de transparentar las acciones de gobierno, pues conocer el manejo de los recursos públicos es básico en materia de rendición de cuentas. De otra manera la señal que se está enviado es que se trata de un gobierno que no es transparente”.

Por su parte Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla, sostiene que se trata de una disposición que se contrapone a la Constitución de la República y a la Ley de Transparencia del estado, pues por un lado atenta contra el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información (artículo 6 fracción III, Constitución) pero además impide a los solicitantes elegir la modalidad en que quieren recibir la información (artículo 34 ley local) “al obligar a las dependencias de la administración pública estatal a entregar esta información únicamente en forma impresa y certificada”.

“Esto sin duda que vulnera y transgrede el principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública”.

Al respecto, y citado por el diario Reforma, el diputado Héctor Alonso Granados, integrante de la Comisión de Transparencia del Congreso de Puebla, dijo que se trata de una medida que se impulsó para proteger a la administración anterior.

“No me queda duda de que se trató de un subterfugio para que los poblanos no tengan acceso a la información, para desalentar que la gente pida información”, añadió.

Por ello propuso que se abarate el costo de copias certificadas para que sea accesible a los ciudadanos, “sí se requiere cobrar el servicio, porque no se puede cargar ese gasto a todos los contribuyentes, pero la tarifa debe ser baja”.

Sólo en Puebla

Una revisión a lo que sucede en los estados circunvecinos revela que en Puebla la opacidad es una política de gobierno pues ni en Oaxaca, Veracruz, Morelos, Tlaxcala o el Distrito Federal existen políticas similares que limiten el acceso a la información referente a la comprobación del gasto de los recursos públicos.

Pero además es el sitio en donde más caras se pagan las copias, lo mismo certificadas que simples.

Por ejemplo, la ley de transparencia de Morelos establece en su artículo 16 que “el pago (…) no podrá  ser superior al costo de los materiales utilizados en la reproducción y al costo de envío, cuando corresponda”.

En el Distrito Federal, uno de los referentes en la materia, la ley establece que “los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo los costos de entrega de información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados”. E incluso si la información no está digitalizada “deberá entregarla sin ningún costo al solicitante”.

Además en su artículo 249 establece que el costo por reproducción de copia certificada será  de 4 pesos, y su copia simple o fotostática de 1.50 pesos.

En Tlaxcala, en caso de que se pidan copia certificada el costo será de “1 día de salario mínimo por las primeras 10 fojas, y 0.25 por cada adicional”.

En Oaxaca el costo por copia simple es de 0.01 salarios mínimos –es decir 56 centavos de acuerdo al tabulador del 2011--.

Al respecto, Vélez Iglesias explicó que durante su paso por la comisión recibieron una petición sobre la comprobación de gastos de viajes lo que las obligó a realizar un estudio sobre la manera en que se maneja el tema en otros estados.

“Encontramos que si bien consideran las copias certificadas y los costos varían en casi todos es una opción más que el usuario puede elegir. Al final decidimos entregar la información en copia simple al solicitante aunque hubo algunas resistencias del área administrativa”.

En manos de los ciudadanos

Desde la óptica de Vélez Iglesias si el Congreso avala la Ley de Ingresos tal como fue presentada queda en manos de los ciudadanos hacer uso de las herramientas legales para defender su derecho a la información, pues sólo los diputados, la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia tienen la facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

“Habría que hacer una solicitud sobre el tema y esperar la respuesta para interponer un amparo y esperar que sean las autoridades federales las que resuelvan sobre el tema, pues la CAIP no tiene esa facultad”, concluyó.