Gobernador y diputados locales, cuestionados por la SCJN

Como es del conocimiento público, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) para impugnar el cobro de 80 pesos por copia que se contempla en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, 2012, cuestión que fue impugnada por varias entidades defensoras de la libertad de expresión –entre ellas Amedi, capítulo Puebla--, y diversas organizaciones sociales (vgr. la Asamblea Popular de Pueblos de Puebla (APPP).

Aplaudimos que la máxima instancia judicial del país haya tomado tal determinación, ya que la iniciativa de marras constituye no sólo una violación al Artículo Sexto Constitucional, sino también una falta de respeto a los poblanos que deseen tener información sobre el manejo del erario público.

No deja de llamar la atención que mientras el gobernador Moreno Valle (quien promovió tal iniciativa) gasta enormes sumas para promover su imagen personal (tan sólo en la difusión de su I Informe sufragó 180 millones de pesos), se  “preocupe” por las gastos que ocasionan las solicitudes de información. No es casual que el columnista Ignacio Álvarez Hernández, de Uno más Uno, le denomine “Síndrome de “Santa Ana”  a tales veleidades del ejecutivo estatal (27 de enero de 2012).

El abuso del gobernador obligó a la PGR a promover una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la Ley de Ingresos de 2012, decidiendo, como decíamos, admitirla.

Aunque tal hecho no significa necesariamente que ya se echó para atrás el proyecto gubernamental -el veredicto final tardará varios meses-, de todos modos significa un duro golpe, no sólo para el Ejecutivo, sino también para el Congreso local. A excepción del diputado Juan José Espinosa, del Movimiento Ciudadano, la mayoría de nuestros flamantes legisladores aprobó tal iniciativa, poniendo de relieve una vez más su total sometimiento e incondicional al gobierno morenovallista. ¿Cómo es posible que los diputados poblanos hayan aprobado un cobro que restringe la libertad de expresión, siendo que es obligación de la autoridad el brindar todo tipo de facilidades para el ejercicio de la misma?

¡Y vaya que el gobernador “se pasó de la raya"! (con el respaldo, reiteramos, del Congreso local)  El artículo 73 de la Ley de Ingresos establece la obligatoriedad de entregar información fiscal sólo a través de copias certificadas, las cuales tienen ¡un costo de 80 pesos cada una! (En cualesquier copiadora usted, estimado lector, puede conseguir copias simples por tan solo dos pesos). Así las cosas, si el documento solicitado contiene 50 hojas, ¡costaría 4 mil pesos!

Para colmo de males, el artículo 76 le exige al solicitante mostrar la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes o, en su caso, la  Clave Única del Registro de Población, lo cual –como observa el Instituto Federal de Acceso a la Información- viola la disposición constitucional que establece que "toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos".

Nos encontramos, en síntesis, ante una verdadera “joya” de falta de respeto a la libertad de expresión y de libertad de acceso a la información pública.

¿Qué  postura adoptarán ahora nuestros flamantes legisladores?... ¿les “caerá el veinte”, como se dice vulgarmente, o continuarán dándonos muestras de sumisión ante el Ejecutivo? De ser así, pasarán a la historia como la Legislatura más vergozosa de la historia moderna de  Puebla.