La fracción priísta se deslindó de responsabilidades argumentando que es a los legisladores a quienes les toca sancionar.
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El Cabildo aprobó con 16 votos a favor y 7 en contra la reforma constitucional que aprobó el Congreso local, denominada “Ley de la Familia”.
Como lo hicieron desde hace unos días, regidores representantes de las fracciones del PRD, Partido Nueva Alianza y G2G ratificaron su voto en contra de estas disposiciones, por considerar que no hubo tal reforma a lo que ya estaba planteado en la Constitución, además de recriminar el contenido religioso que llevan asuntos tan delicados como la penalización del aborto y la muerte asistida.
Las primeras en pronunciarse en contra fueron las regidoras Mari Carmen Lanzagorta Bonilla del G2G y Beatriz Fuentes Velasco de Nueva Alianza, quien señaló que con dicha propuesta los diputados locales pretenden ofender la inteligencia de los ciudadanos.
“Resulta ofensivo que el propio líder del Congreso haya reconocido que dicha reforma está inspirada en conceptos católicos, porque la mayoría de los mexicanos son católicos. ¿No es eso un claro ejemplo de discriminación a las minorías? ¿Podríamos permitir que el Estado legisle con criterios de exclusión? ¿No estamos acaso para gobernar en beneficio de toda la sociedad sin distingo de Iglesias y creencias?”.
Por ello se opusieron a criminalizar a las mujeres que recurran a la interrupción del embarazo o a los enfermos terminales que quieran acabar con su agonía.
Con cifras como las 20 mil interrupciones de embarazos intencionales que se registran al año en México y que todos los días mueren 12 mujeres por causas ligadas a la maternidad, Jaime Cid Monjaraz, regidor perredista, demostró que muchas de las mujeres que recurren al aborto no son de “dudosa reputación” ni “libertinas“, como han expresado otros regidores.
Por el contrario, dijo que con base a muestras de hospitales, 65 por ciento de las mujeres con abortos son casadas, 88 por ciento son católicas, 69 por ciento son madres de más de dos hijos, 88 por ciento de bajo nivel educativo y 86 por ciento de ingresos familiares insuficientes o precarios.
El pronunciamiento de la fracción del PAN fue en respaldo a la ya denominada “Ley Bailleres” argumentando que un ser tiene derechos desde su concepción, mientras que el PRI hizo lo correspondiente votando la propuesta del Congreso local a favor, en un intento velado por deslindarse de responsabilidades alegando que es a los legisladores a quienes toca sancionar.
A pesar de que el voto priísta fue a favor como fracción, en lo particular, las regidoras Soraya Córdoba, Lilia Vázquez, Lidia López y Guillermina Hernández votaron en contra de estas disposiciones.
De este modo, con la ausencia de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz, quien cumplió con un compromiso en el Distrito Federal, la denominada Ley de la Familia fue aprobada por mayoría en el Ayuntamiento de Puebla.
Cabe recordar que los 217 ayuntamientos del estado, tienen un plazo de 30 días para votar a favor o en contra de la propuesta emitida por el Congreso local y que el resultado lo definirá en 50 por ciento más uno de los municipios; además, los ayuntamientos que no emitan una respuesta en el tiempo establecido serán tomados como votos a favor.
