En el sexto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto dejó claro cuál es su proyecto de Nación. Manifestó que no era necesario buscar un esquema de país para justificar el deseo de volver a ocupar la Presidencia, seguramente en alusión a lo dicho por Manlio Fabio Beltrones, ya que este proyecto se encuentra plasmado en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Y que lo único que se necesita es un Estado eficaz que haga llegar a cada uno de los mexicanos los derechos que la Carta Magna les otorga
En efecto, los 218 diputados constituyentes llegaron a Querétaro con el deseo de plasmar en la Ley Suprema los principios por los que lucharon en la Revolución, y en escasos dos meses de trabajo exhaustivo realizaron al proyecto de reformas a la Constitución de 1857, presentado por Venustiano Carranza, las modificaciones necesarias para promulgar una nueva Constitución que, además de las garantías individuales, considerara por primera vez en la historia mundial, los derechos sociales.
Lograron una Constitución que sirviera para proteger al pueblo que los eligió. Así se limitaron los derechos individuales en privilegio de la justicia social, tanto en materia de educación como en el de propiedad de la tierra y del subsuelo, o para garantizar los derechos de los trabajadores o excluir a la iglesia de la vida política de México.
Esta importante e histórica determinación se plasmó en el artículo primero que establecía que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozaría de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que ella misma establece. El reaccionario presidente Felipe Calderón envió una iniciativa para reformar este artículo, violando el pensamiento constituyente al cambiar el sentido de la Constitución que otorga garantías a los individuos, por la que reconoce los derechos humanos preexistentes. Estos últimos conceptos fueron los sostenidos por los grupos retardatarios que consideraban que los derechos humanos eran otorgados por la divinidad y que el Estado no tendría derecho a limitarlos porque no los había otorgado; de ahí el concepto de la defensa de la vida desde antes del nacimiento y hasta la muerte natural.
El criterio de Peña Nieto es claro y congruente con nuestra historia, misma que los gobiernos del PAN han tratado de desvirtuar para cambiar el rumbo del país. El fracaso de los sexenios de la alternancia, reivindican la validez de nuestra Constitución, que establece lo que es México: un país de leyes, de derecho en donde se protegen las garantías individuales, pero se privilegian los derechos sociales.
El derecho es una estructura formal que se basa en ordenamientos legislativos, administrativos o judiciales sustentada en la Norma Suprema, que es expresión de la soberanía popular. Por ello nos parece incomprensible que Felipe Calderón, siendo abogado, declare irresponsablemente que él se dedica a meter y meter en la cárcel a los malos y los jueces se dedican a dejarlos salir, seguramente por actos de corrupción. Todos los estudiosos del derecho saben que aunque existan pruebas contundentes a favor o en contra de una persona, si no se presentan en tiempo y forma o si son obtenidas de manera ilegal, es como si no existieran, no se toman en cuenta pues. Por lo tanto, en donde está el error es en la integración de las averiguaciones previas por parte de los ministerios públicos. Y ahí es donde se debe establecer la exigencia presidencial y si existen pruebas de corrupción en el caso de algún integrante del poder judicial, presentar la denuncia correspondiente.
Como lo manifiesta Peña Nieto: en la Constitución está plasmada el alma de México, y lo que se necesita es que los funcionarios la respeten.
Si a algún servidor público le parece que el escudo nacional o de un estado está feo o no comunica el espíritu de la nueva administración moderna, antes de llamar a un publicista y pedirle un diseño moderno con colores pastel, debe estudiar la Constitución y las leyes del Escudo Nacional o local, para respetar el sentido nacionalista y republicano de los símbolos patrios.
O si a un regidor se le ocurre que los adornos de las fiestas patrias tienen los colores del PRI y que deben retirarse, debe estudiar la historia y la Carta Magna y guardarse sus ocurrencias chabacanas antes de atentar contra los símbolos patrios.
Si se invita a un funcionario público a asistir a un evento religioso en su calidad oficial, éste deberá saber que al hacerlo violentaría el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, principios que se sustentan en el Estado laico reconocido en el artículo 130 y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, sobre todo cuando establece que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Así que mucho cuidado con las invitaciones al Vaticano en calidad de gobernador del Estado.
Consideramos que no es necesario organizar foros para establecer un nuevo proyecto de país de cara a las próximas elecciones. Ahí está la Constitución General de la República, que aunque ha sufrido de reformas que atentan contra su espíritu inicial, sigue siendo un referente válido para rescatar a nuestro país del caos al que lo han llevado los presidentes de Acción Nacional.
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