Puebla, Puebla.- Son cinco los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ahora Secretaría de Transporte) los involucrados en la entrega de permisos para la circulación de mototaxis. Sobre ellos pesan 41 denuncias y la Secretaría de Finanzas reclama más de 764 mil pesos a nombre de la dependencia.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelaron a Poblanerías que existen dos averiguaciones previas iniciadas en la Fiscalía Anticorrupción de la Controlaría del estado, donde se establece la forma en cómo entregaron los permisos y cuyos ingresos no fueron reportados a la Secretaria de Finanzas.

Los funcionarios señalados por entregar los permisos pertenecen a dos grupos: el primero dirigido por Juan Manuel Alcántara Silva, jefe del departamento de logística de la SCT quien, según el expediente, fue el que ordenó los censos a dos subordinados.

José Luis Velasco, es uno de los que pertenecía a este grupo, operando desde Santa Isabel Cholula hasta Atlixco, con la presunta protección del ex gobernador del estado Mario Marín Torres, gracias al parentesco que tenía con su esposa.

Ambos personajes cuentan con órdenes de aprehensión. Alcantara Silva perdió los amparos que tramitó ante la justicia Federal por lo que en cualquier momento puede ser detenido.

En las averiguaciones previas también aparece el nombre de Jaime Eduardo Flores Hernández quien fue señalado por entregar permisos, sin embargo ganó el amparo 1322/2011 del juzgado Primero de Distrito contra la orden de aprehensión, según se puede consultar en la página del Consejo de la Judicatura Federal.


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El segundo grupo lo conformaba el ex encargado regional de la zona de Acatzingo de la entonces SCT, David Orta, quien realizó censos a los mototaxistas, principalmente en la zona de Tlachichuca; para ello ocupó a un hombre identificado como Abraham Guevara Guevara, aunque este no ocupaba algún cargo en la dependencia.

Ambos están amparados, pero en su declaración Guevara Guevara dijo ser publicista y dedicarse a la organización de eventos públicos.

Señaló que desde hace varios años conoció a David Orta. Explicó que después de mucho tiempo sin verlo, lo encontró y lo invitó a trabajar en la regulación de los mototaxistas.

Algunos de los quejosos han presentado recibos firmados por Guevara Guevara, por lo que ya tiene una orden de aprehensión vigente.

La fuentes consultadas revelaron que David Orta cuenta con una orden de aprehensión por la entrega de permisos para operar los mototaxis, sobre la cual está amparado. Pero tiene dos más que presentaron transportistas de Acatzingo, y una más en Tlachichuca que fue radicada en Ciudad Serdán.

Fue notificado por estas órdenes de aprehensión, pero no se le detuvo el día que se presentó a rendir su declaración, se desconocen los motivos por los que no se llevó a cabo su captura.

Actualmente son 41 denuncias las que recibió la Procuraduría General de Justicia por la entrega de permisos para la circulación de mototaxis:

En Acatzingo la PGJ recibió 21 denuncias sobre 49 permisos, por un monto de 385 mil 900 pesos; En Santa Isabel Tlanepantla hay 16 denuncias por el mismo número de permisos que costaron 4 mil 700 pesos, con un monto total de 75 mil 200 pesos.

En el municipio de Tlachichuca, se entregaron 30 permisos que costaron 10 mil pesos cada uno lo que hace un total de 300 mil pesos.

En los Reyes de Juárez existen dos denuncias por dos permisos entregados que fueron vendidos en 2 mil pesos cada uno, dando un monto de 4 mil pesos.

El dinero recaudado no fue reportado ni entregado a la Secretaría de Finanzas, por lo que ahora ya se inició el procedimiento administrativo en la Contraloría para conocer el fin que tuvo el dinero.

Cabe recordar que en la legislatura pasada, el diputado Pepe Momoxpan presentó una denuncia por esta irregularidad en contra del entonces secretario Valentín Meneses Rojas, misma que nunca procedió.

Y es que los servidores públicos vendieron los permisos para la circulación de los mototaxis, sin embargo era un servicio que no estaba regulado por la ley, y peor aún, la legislatura actual votó en contra de su incorporación a los servicios de transporte público.

El delito podría ser de hasta 8 millones de pesos

De acuerdo  con las fuentes consultadas, el daño patrimonial a los dueños de mototaxis podría ser mayor y es que el censo que se hizo hasta la pasada administración era de mil 800 unidades. En el supuesto de que a todos les hayan vendido la calcomanía en 4 mil 700 pesos el delito de fraude sería por 8 millones y medio de pesos.

El censo se inició en 2009 cuando el servicio de los mototaxis comenzó a ser un problema social, sumado a las exigencias de los líderes del gremio que pedían la regulación al entonces Secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Desde la Secretaría de Gobernación se le pidió al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas y al subsecretario del transporte Lázaro Jiménez Aquino el estudio y el censo acerca de los mototaxis. Ambos funcionarios encargaron la tarea a Juan Manuel Alcántara.