En abril de 1937, como es del conocimiento público, el entonces gobernador Maximino Ávila Camacho decide enviar un decreto de ley al Congreso local con el propósito de transformar el Colegio del Estado (1825) en Universidad de Puebla.

¿A qué factores obedeció tal determinación? No pocos investigadores sostienen que se trató simplemente de una iniciativa inscrita en los afanes de aquél de asegurar un control total sobre el estado. Así, aparte de conseguir el control militar indiscutible, de someter al Congreso, de sujetar férreamente a las centrales obreras y campesinas, de someter a los medios informativos, y de establecer las bases para una política de reconciliación con los empresarios y la iglesia católica, todo parece indicar que pensó que había llegado el momento de dominar plenamente a los estudiantes del Colegio, quienes desde hacía ya varias décadas se habían opuesto a varias directrices gubernamentales, en no pocas ocasiones de consuno con diversos sectores de la sociedad poblana.

Sin duda, pues, la transformación del Colegio de Universidad fue un acto de gobierno, enderezado a asegurar la “pax avilacamachista”. Si revisamos los ordenamientos que regían la vida del primero constataremos que, si bien esta institución dependía del financiamiento estatal, esto no implicaba que estuviese sujeta totalmente a las directrices de los gobernadores: aunque éstos tenían la prerrogativa de imponer a sus autoridades y, en general, de regir la vida del Colegio, cuidaban siempre de contar con la anuencia de  la comunidad universitaria. Por el contrario, la nueva  ley impuesta por Maximino Ávila Camacho estableció un control quasi absoluto sobre la vida de la institución.

Entonces, ¿valió o no valió la pena la transformación del Colegio del Estado en Universidad?

Pensamos que no podemos responder a dicha pregunta de manera esquemática o unilateral. El gobierno de Maximino Ávila Camacho no puede entenderse sin tomar en cuenta el complejo de factores nacionales y estatales que propiciaron que su gestión asumiese rasgos muy diferentes –sui generis-  al  de la mayoría de las entidades federativas. En tanto aliado del presidente Cárdenas, aprovechó la ocasión para imponer, como decíamos, un control absoluto de todo el estado. Empero, cuando aquél trató de reducir las facultades de los gobernadores en materia agraria para concentrarlos en el Ejecutivo federal, el gobernador de Puebla fue uno de sus más tenaces adversarios. Del mismo modo, ante las pretensiones de aumentar la autonomía municipal en menoscabo de los poderes estatales, Maximino Ávila Camacho unificó a la clase política local en el llamado “Pacto de Honor” de 1939. El historiador Leonardo Lomelí Vanegas nos presenta un cuadro muy interesante sobre todas esas iniciativas y rasgos del fundador de la dinastía avilacamachista.  En lo concerniente a la educación pública, como subraya el citado historiador, la postura de Maximino fue más compleja: “por un lado posee el mérito innegable de haber sentado las bases de la educación superior moderna en Puebla, con la transformación del Colegio del Estado en Universidad en 1937. Pero el gobernador no estaba acostumbrado a conceder nada gratis, por lo cual expidió una ley que le otorgaba el derecho de designar al rector y de revolcar cualquier decisión del Consejo Universitario”.

Ciertamente la transformación del Colegio del Estado a Universidad de Puebla le convenía a los universitarios. Pese a que el decreto –como señalamos- reforzaba el control del gobierno sobre la comunidad universitaria, a mediano y largo plazo tal iniciativa le permitía a la institución gozar de un “status” más elevado.


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Guardando las proporciones, sucedió algo parecido con el ofrecimiento que le hizo el presidente Emilio Portes Gil a los líderes de la Universidad de México en 1929, cuando éstos promovieron varios actos de protesta contra el callismo: temiendo que la inconformidad de los mismos hacia el gobierno terminara por consolidar la figura de José Vasconcelos -quien amenazaba con convertirse en un serie opositor al callismo- el citado primer mandatario prefirió otorgarles la autonomía de su institución, ofrecimiento que aquellos aceptaron gustosos, con todo y las restricciones de dicho proyecto. Escribe Gastón García Cantú que la autonomía de 1929 “fue resultado de una coyuntura y de una transacción en un momento difícil: era la forma de segregar al contingente estudiantil de la campaña vasconcelista”. Empero, al aceptar el ofrecimiento de Portes Gil, los líderes de la Universidad de México “habían obtenido una consecuencia nada despreciable : la autonomía. Con toda seguridad no imaginaron que la autonomía era, históricamente, un logro mayor de lo que pudo ser el gobierno de Vasconcelos” .

Portes Gil sintetizó de manera muy lúcida lo que los estudiantes habían logrado (pese al carácter restringido de la autonomía); “La Revolución ha puesto en manos de la intelectualidad un precioso legado, la autonomía de la universidad” .

Algo semejante –reiteramos- sucedió con el decreto multicitado de Maximino Ávila Camacho: aunque tras dicho proyecto subyacía la pretensión de ejercer un control absoluto sobre los universitarios poblanos, tal vez sin proponérselo puso en manos de éstos un obsequio invalorable: la transformación del Colegio en Universidad.