
La madrugada del 15 de septiembre fueron desalojados violentamente del Zócalo de Puebla alrededor de 60 integrantes del Movimiento #YoSoy132; posteriormente trasladados al ministerio público y algunos de ellos puestos a disposición de jueces.
La acción se inscribe en el anecdotario de los atentados al derecho de manifestación y a la libertad de expresión. Ahora, no está a discusión la pertinencia o no de las demandas de los jóvenes que decidieron ubicar su plantón en el Zócalo poblano, sino la posibilidad impedida, por medio de la violencia y la fuerza, de expresar su protesta en un espacio público.
No solo represión. La intimidación y el exceso de fuerza y de recursos tuvieron como final que los chicos fueran puestos a disposición del ministerio público de jueces que con actitud intimidatoria intentaban amedrentarlos, en actitud flagrante de violación no únicamente a sus derechos, sino a leyes y reglamentos.
El presidente municipal de Puebla podrá ser denunciado legalmente por algunos de los jóvenes que fueron agredidos.
Eduardo Rivera Pérez tendrá que explicar las razones que lo orillaron a tomar tal decisión. O si se trató de una orden superior. De esas que son producto de la autocracia, la megalomanía, el autoritarismo, o el terrorismo.
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