Hace unos días, inició en Puebla el traslado de presos por delitos federales a los distintos CEFERESOS construidos durante el sexenio de Felipe Calderón.

Esto se hace con la finalidad de que los sentenciados por procesos del fuero federal, purguen las sentencias impuestas en penales que dependen directamente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Lo anterior, aunque es congruente con la idea Jurídica de que las sentencias Federales se compurguen en Penales Federales, implica una serie de desventajas para las familias de los sentenciados y un golpe a las finanzas estatales.

Por una parte, los primeros internos que han sido trasladados de penales del Estado a CEFERESOS, fueron ubicados a kilómetros de distancia, en penales tan lejanos como los ubicados en Sonora, Nayarit, Chihuahua o las colonias penitenciarias conocidas como “Islas Marías”, con lo que los alejaron de sus familias y en cierta manera, se vulneró un tanto su derecho a compurgar la sanción privativa de la libertad en el lugar más cercano a sus domicilios y que se encuentra previsto en el articulo 18 de la constitución, además de que para ello se signaron en su momento convenios entre la Federación y el Estado para que se pudiera dar cumplimiento a ese derecho constitucional.

Por otra parte, se afecta en cierta medida las finanzas del estado, ya que se deja de percibir participaciones federales que dejarán de ingresar a las arcas del gobierno, puesto que por cada interno en un penal estatal que corresponda al fuero federal, la federación entrega cerca de mil quinientos pesos diarios, y si tomamos en cuenta que solo en el penal de San Miguel hay cerca de seiscientos internos que corresponden a la Federación, es una cantidad de dinero importante la que dejará de recibir el gobierno estatal.

Aunque por una parte, es convincente el argumento y la información de que el tratamiento penitenciario en los CEFERESOS es más avanzado y son mejores las condiciones a las que se tienen en los penales locales, me parece que el traslado de los reos federales (como es mi caso) debe de realizarse después de que se practiquen Estudios Clínico Criminológicos de Personalidad, en los que se establezcan con precisión los grados de peligrosidad de cada sentenciado, puesto que el catálogo de delitos federales es muy amplio y sería absurdo el ubicar a un sicario o miembro de la delincuencia organizada, en un penal al lado de un sentenciado por un delito menor como la evasión fiscal.

Hágase la luz… y la luz se hizo

El pasado jueves a las once cincuenta horas, la jueza décimo de distrito en el Estado de Puebla, aceptó, por fin, lo que era evidente desde hace cuatro meses, que yo no firmé una demanda de amparo en la que se omitieron ciertos datos y que alguien intentó hacerla pasar como suscrita por mí.

Esto lo aceptó la juez al declarar fundado un incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promoví dentro de la causa penal que dicha juzgadora seguía en mi contra, ordenando en ese auto mi libertad por lo que a ese proceso se refiere y sobreseyendo en el mismo.

La juez, hace la puntual precisión de que el dictamen pericial realizado por la perito oficial era dogmático y no contenía los requisitos mínimos para darle valor probatorio, (además de que era el único entre 4 que refería que la firma de la demanda provenía de mi puño y letra) y de manera correctamente razonada, acepta lo que desde hace 4 meses se le manifestó; que no se reúnen los elementos probatorios para acreditar el cuerpo del delito de Violación a la Ley de Amparo.

Tardó 116 días en determinar lo que hace tiempo le dije: que era yo inocente; en aceptar lo que los peritajes determinaron desde un inicio: que yo no firmé; y al final pude hacer notar que como lo dice una canción: “Puedo ser un cabrón, pero no un tonto”.

La libertad para un miembro del SME

En los siguientes días abandonará este reclusorio un dirigente del Sindicato  Mexicano de Electricistas. Se trata de Miguel Márquez Ríos, un individuo que fue apresado en las manifestaciones de defensa de sus derechos laborales y de los de sus compañeros, ante la liquidación de la empresa Luz y Fuerza de Centro, en la que laboraban.

Lejos de lo que algunos medios llegaron a decir de él y que lo ubicaban entre otros como un “Don” de este penal, yo tuve la oportunidad de conocerle y me parece un hábil político y una gran persona. Su libertad es bajo caución y en unos días, habrá de dictársele sentencia en la que creo habrá de salir airoso.

Es un individuo querido en este penal y por ello, es agradable la noticia de que en breve estará libre, aunque retoma una vida en la calle que parece de un panorama confuso, es miembro de la dirigencia del sindicato de una empresa que ya no existe, con un número de miembros muy reducido y con un respaldo político de la izquierda  mexicana que parece ser mas débil que hace un par de años, cuando ingresó al penal.

Le deseo lo mejor y sé que su habilidad y capacidad lo llevarán por senderos exitosos.

Y la violación a la suspensión sigue su trámite

En la entrega pasada, les comentaba acerca de como la Juez Segundo de Distrito en el Estado, María Esther Rodríguez Juárez, violó  una suspensión decretada en mi favor, conjuntamente con elementos de la AFI.

La denuncia  que presenté en la PGR sigue durmiendo el “sueño de los injustos” en la octava agencia investigadora sin que la agente del ministerio público haga algo.

Por otra parte, ante el juzgado décimo primero de distrito se promovió el respectivo incidente de violación a la suspensión y espero que en breve el Juez Jorge Mercado Mejía, resuelva el mismo y lo declare fundado. Consignando a la Juez de Distrito y a los elementos de la AFI ante la autoridad competente.

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