El gobierno de Rafael Moreno Valle, con absoluta falta de tacto, de oficio político y de conocimiento de los efectos mediáticos, efectuó una filtración para intimidar a los periodistas poblanos.
La dirección de Comunicación Social, por conducto de su director Sergio Ramírez Robles, informó que el gobierno estatal había demandado a dos periodistas por daño moral causado al gobernador Rafael Moreno Valle: Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz. Además mandó filtrar en dos medios afines a su política, que existía una supuesta lista de 19 comunicadores, los cuales serían demandados por la misma razón.
El objetivo resultó fallido ya que la prensa nacional y las redes sociales reaccionaron en contra de la estrategia de Moreno Valle. Sí se comentó a nivel nacional (era la intención) pero en forma negativa. Se dijo que el gobernador no aceptaba ninguna crítica; que estaba siguiendo una estrategia de intimidación en contra de los comunicadores que lo critican, y que reprime y amenaza a periodistas.
El historiador Lorenzo Meyer, consideró que si el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, no quiere ser criticado por la opinión pública, debe dejar su cargo y convertirse en una figura privada. Agregó que los gobernantes y funcionarios con la piel delgada deberán aprender a ser tolerantes y abrir el diálogo en la esfera pública, en lugar de litigar en los tribunales. Como dice la conseja popular: “al que no le guste el calor que no se meta a la cocina”.
El ahora presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Ernesto Villanueva, manifestó que la normatividad que sostiene las demandas contra periodistas tramitadas por el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, no sólo es inconstitucional, sino que se equipara a las leyes imperantes en los regímenes dictatoriales que prevalecieron en América Latina en el siglo pasado. Que la fragilidad de las querellas es tal que cualquier tribunal debería desecharlas por notoriamente improcedentes, pero que el camino más sencillo de defenderse sería un amparo indirecto, ya que un fallo afirmativo echaría abajo cualquier posibilidad de una acción legal de idéntica naturaleza. Hasta aquí uno pensaría: “qué valiente e independiente es Villanueva; seguramente tiene un equipo que pondrá al servicio de los periodistas demandados para su defensa”.
También dijo que el vocero Sergio Ramírez está incapacitado para hacer demandas a nombre de funcionarios del gobierno estatal, porque los derechos personales sólo pueden ser defendidos de manera particular por los interesados. Y justificó el argumento de invalidez de la protección de honorabilidad que reclama el poder Ejecutivo Local, debido a que se trata de una institución y no de un individuo concreto. Seguimos pensando: éste sí que es un defensor de la libertad de expresión.
Pero después aparece el “peine” al decir que esta coyuntura representa una buena oportunidad para enmendar los yerros legales imperantes en Puebla e “incluso promover una Ley de Medios”. Y cuando el vocero afirma que el gobierno estatal ve con buenos ojos la propuesta de trabajar en la iniciativa de una Ley de Medios (que sería totalmente inconstitucional), entendemos de qué se trató el complot contra la libertad de expresión.
Veamos:
Armando Prida Huerta, dueño de la cadena de periódicos Síntesis, creó la Fundación para la Libertad de Expresión, con el objetivo de defenderse de las acusaciones que le habían hecho varios periodistas locales. Armando es un ciudadano de sentimientos altruistas y buena persona, pero su prioridad es el éxito económico empresarial y desde luego personal. Una vez que Rafael Moreno Valle fue propuesto como candidato a la gubernatura, se adhirió a su proyecto y lo privilegió sobre la libertad de expresión. Así se lo manifesté el 28 de febrero del 2011 en el periódico de su propiedad:
“Los dueños de los periódicos empezarán a ejercer censura, con el pretexto de que se provoca daño moral o que están haciendo campaña en contra de políticos o funcionarios públicos (después de las reformas legales).
“En virtud de que esta actitud ha sido adoptada por el periódico Síntesis, en donde se ha censurado al columnista Alejandro C. Manjarrez (por anticiparle a Moreno Valle lo que finalmente le ocurrió), quien ha colaborado en este medio de forma gratuita durante 18 años sin nunca haber recibido una aclaración o queja (él decidió no volver a escribir en Síntesis), informo a Armando Prida que esta será mi última colaboración, si es que decide publicarla. Además le deseo éxito en su proyecto personal, pero por congruencia no debe manifestarse como un defensor de la libertad de expresión.”
Debo reconocer que publicó mi escrito y que posteriormente dejó la Presidencia de la Fundación, heredándosela a Ernesto Villanueva, por cierto crítico acérrimo de Ernesto Derbez, considerado por algunos, enemigo de Moreno Valle.
Paulatinamente fueron desapareciendo los colaboradores de la página de opinión del periódico Síntesis y éste se transformó en lo que la vox populi llama el boletín oficial del gobierno morenovallista. Basta leer su contenido para confirmarlo.
Así que oír a Villanueva como presidente de la Fundalex de Armando Prida, atacando las acciones del gobernador, parecía digamos que desatinado. Pero al saber que propuso la creación de la ley de Medios “democráticamente” aceptada por el vocero, entendimos la maniobra y más aún cuando trascendió que horas antes de la conferencia, estaba reunido Villanueva con Prida y Ramírez Robles en el Hotel Presidente Intercontinental (La Jornada, 26-10-2012). Ello induce a suponer que hubo un acuerdo para que el presidente de la Fundalex primero atacara la política de comunicación del gobernador, después propusiera la Ley de Medios, en seguida que el vocero la aceptara, y finalmente que los periodistas quedaran contentos por semejante apertura. Si me demuestran que estoy equivocada en mi apreciación, reforzada por los arrumacos de Villanueva y Ramírez Robles en las redes sociales, y la manifestación tuitera del primero, de que Paris bien vale una misa, estoy dispuesta a expresar mis disculpas. No será necesario demandarme.
Esto es parte de lo que declaró el sucesor de Prida en la ahora famosa Fundalex:
Para evitar la mentira, la calumnia y la difamación entre las autoridades y los medios de comunicación, es necesaria una Ley General de Medios que regule los contenidos en medios de comunicación y con ello el estado de Puebla sea pionero en la materia, advirtió el coordinador del área de Derecho de la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Síntesis, 26-10-2012).
Desde luego la Ley de Medios es anticonstitucional. La libertad de expresión no admite ninguna regulación diferente a la que existe en la Constitución que establece:
“Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.
Esto que el lector leyó son los únicos cotos establecidos por la Constitución General de la República y cualquier intento de limitarla o regularla resulta un atentado al Estado de Derecho.
Pareciera extraño que Rafael Moreno Valle haya seducido, conquistado, cooptado o convencido a los diputados e integrantes del poder Judicial y que no lo haya hecho con los comunicadores. Lo único que explicaría esta falla, es su aparente fobia (miedo irracional) a los periodistas poblanos.
Según me indica mi raciocinio (no tengo grabaciones ni declaraciones notariales de testigos), lo mencionado se entiende como una estrategia que fue puesta en acción debido al ostensible menosprecio hacia la inteligencia de los comunicadores locales, actitud que me lleva a decir que no debemos permitir la legislación de lo que podría ser una variante de la llamada “rafamordaza”. En vez de enredar las cosas, el gobernador y su séquito deberían privilegiar la Constitución federal.
