El pasado primero de Diciembre en un ambiente de relativa calma política, Enrique Peña Nieto asumió el cargo de Presidente de la República.

En su primer mensaje como titular del Poder Ejecutivo Federal, delineó lo que será su forma de dirigir el país, no en todo su sexenio pero si en el arranque de su periodo de gobierno y mostró carácter y determinación en el anuncio de las primeras trece decisiones que, como presidente de México había tomado.

Estas decisiones son la respuesta inmediata a algunos de los reclamos de un país que ya no aguanta más.

Quizá lo sorpresivo fue su posición en cuanto al sistema educativo del país, tomando una decisión firme, que en estos días se llevó a los hechos con la presentación de la iniciativa de Reforma Constitucional en materia de Educación y que con posterioridad llevará a la reforma de la Ley General de Educación.

En esta materia, el primer paso es que el estado retome lo que le pertenece: las plazas en el magisterio, que hasta ahora pertenecen al sindicato y se vuelven hereditarias y objeto de comercio incluso.

Retomando la facultad de disponer de esas plazas, el Estado estará en posibilidad de promover, ascender y despedir a los maestros de acuerdo a sus méritos y es un golpe a la lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo Morales, quien en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón vio incrementado su poder político y era prácticamente la dueña del sistema educativo nacional, el cual permanecía sin movimiento ni evolución, a pesar de que la evaluación de las pruebas Enlace mostraba el crítico estado de la educación en este país.

Otra de las decisiones del presidente Peña Nieto, en el ramo de Desarrollo Social, fue la de implementar un programa para erradicar el hambre en este país, el cual, en los próximos 50 días se deberá de anunciar y poner en marcha.

Nutrición y Educación son dos de los pilares del plan de gobierno del Presidente, quien denota que buscará que sea el Estado quien se encargue de estas funciones tal y como es el mandato constitucional.

En los últimos 18 años, el Estado parecía haber delegado esta función en instituciones privadas, lapso en el que daba la impresión que la Justicia Social se veía sustituida por la caridad pública, que mediante fundaciones de beneficencia, desarrollaban esta labor, pero tienen el inconveniente de ser selectivas en cuanto al beneficiario de la ayuda, lo que daba origen a la exclusión de ciertos grupos o personas.

En aspectos de justicia, Peña Nieto informó que propondrá el establecimiento de un solo Código Penal y uno de Procedimientos Penales para todo el país.

Esta decisión que implica necesariamente una reforma constitucional, debe ser bien debatida, ya que no es solo en los códigos penales donde se tipifican los delitos, sino también en diversas leyes especiales como el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Salud y la Ley de Amparo, entre otras.

Es necesaria la revisión de figuras delictivas que deben dejar de ser reprimidas penalmente y se debe revisar también la penalidad de muchos tipos penales. Como ya lo dije en otra colaboración, el aumento en las penas no frena la comisión de los delitos, lo que solo se verá reducido con un aumento en las posibilidades reales de que el delincuente sea capturado y llevado a los tribunales.

Pero también es necesario que estos tribunales sean imparciales y dejar de ser manchados por la corrupción.

La procuraduría debe de ser una institución que entienda que en este sistema penal del país tiene una doble función como autoridad y como parte en las diferentes fases del proceso penal; como autoridad debe ser imparcial, para que cuando presente a los tribunales a los presuntos delincuentes pueda sostener las acusaciones. Debe dejar de acusar a inocentes y perseguir la delincuencia, empezando en su “propia casa” donde se dan las principales violaciones a derechos humanos y un gran número de delitos.

Tanto los tribunales como la procuraduría, deben dejar de repartir juego con cartas marcadas.

Gran reto para el presidente Peña Nieto será el hacer una purga en las instituciones de procuración de justicia y proponer las medidas necesarias para que se cree un órgano de observación y evaluación de los órganos de administración de justicia en el que participe la sociedad civil. El consejo de la judicatura federal no está cumpliendo con el ideal constitucional que lo creó.

En la siguiente entrega, procurare ahondar en los temas económicos, una vez que se difunda tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, en el que me parece habrá una gran discusión en la repartición de dinero a los estados, que serán acotados en cuanto a su endeudamiento.

¿Y usted dónde aprendió a leer?

Esta semana me di cuenta de que hay un gran problema en el país. No se sabe leer ni menos se comprende lo que se lee.

El magistrado del Primer Tribunal Unitario, Carlos Loranca Muñoz, me concede una suspensión para el efecto de “que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran” es decir, que si por la causa penal respecto a la que pedí el amparo no estaba preso, el efecto de la suspensión es que se mantengan las cosas en ese estado, es decir, yo debo permanecer libre por esa causa penal.

Sin embargo, al reclamar la violación a la suspensión, dice este alopécico magistrado que “el efecto era que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban, y que el acto posterior y positivo de privarme de mi libertad no viola la suspensión concedida”.

Francamente, no entiendo.

A mi me enseñó mi mamá (¡si tengo, eh!) y a usted, ¿Quién le enseño a leer?.

Espero que los Magistrados del Colegiado no solo lean sino entiendan y sean Justos.

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