La reforma al artículo primero de nuestra Constitución ha despertado una polémica entre los defensores a ultranza de los derechos humanos y los conocedores de nuestra historia y por ende, convencidos de que la Constitución debe estar por encima de los tratados internacionales que sostengan principios contrarios a su esencia.

En este último sentido, el presidente de la Cámara de diputados, el priista Francisco Arroyo Vieyra, presentó una iniciativa de reforma al artículo primero, pero como las organizaciones defensoras de los derechos humanos le echaron montón al parecer se asustó: dijo que no movería un dedo para que se aprobara, aunque no la retiraría.

¿Cuál fue el espíritu del constituyente al establecer que la Constitución otorga garantías a los individuos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece?

El diputado Constituyente de 1917, José Álvarez y Álvarez de la Cadena, en su libro “Justicia Social Anhelo de México”, recientemente publicado por el Senado y la BUAP, nos responde esta interrogante:

Nosotros pensamos que en lugar de legislar conforme a las reglas de determinada escuela jurídica, deberíamos sujetarnos a las muy especiales condiciones de la población que representábamos. Optamos por una forma de tipo socialista en la que primero que cualquier otra idea se tomara en cuenta el beneficio social, y a fin de lograr el mayor provecho para la colectividad se restringiera en la Constitución hasta donde fuera preciso, los derechos individuales de propiedad, culto religioso, de enseñanza, etcétera.”

“De esta forma la Constitución de México se adelantó a todas las del mundo. Fue la primera que legalizó esos derechos sociales y sin dejar de considerar prioritariamente las garantías individuales que la Revolución francesa conquistó para el mundo, estableció un nuevo derecho constitucional fundándose en el principio de que por encima de las prerrogativas del individuo, la ley debe garantizar las de la sociedad.”

Contrario a este concepto de los constituyentes, Felipe Calderón reformó el artículo primero estableciendo que los individuos gozan de los derechos humanos reconocidos que no otorgados, en la Constitución y en los tratados internacionales. Así puso en el mismo nivel a la Constitución y a los Tratados Internacionales. ¿Cuál fue su interés en este cambio? Específicamente hacer prevalecer al Pacto de San José sobre derechos humanos, que señala que se debe proteger a la vida desde el momento de la concepción, concepto sostenido por los panistas, lo que pondría un candado a la despenalización del aborto que ya existe en la legislación del Distrito Federal.

Existen diversas situaciones que entrarían en controversia con los tratados internacionales como, por ejemplo, el impedimento a los ministros de los cultos para ser votados a puestos de elección popular, o las modalidades que dicta el interés público al derecho de propiedad que para algunos tratados internacionales es intocable y va del subsuelo al espacio aéreo, o la prohibición a que en las escuelas públicas se enseñe alguna religión. Estas situaciones sólo se entienden conociendo nuestra historia y las razones que llevaron a los legisladores de 1917 a establecer esas limitaciones.

En los meses electorales vimos que se estaba pidiendo amparo en algunas entidades para evitar contender a un alcalde que había solicitado licencia para postularse a otro cargo de elección popular. Se le obligaría a terminar su mandato. El fundamento fue lo establecido en un Tratado Internacional.

El artículo 105 constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

En los casos que se han planteado hasta el momento, el dictamen del supremo Tribunal de Justicia, ha sido en el sentido de privilegiar a la Constitución sobre lo establecido en los tratados internacionales.

Así que considero que sería conveniente aprobar la reforma presentada y que Carta Magna estableciera que en caso de controversia entre un tratado Internacional y la Constitución, ésta deberá prevalecer sobre el otro. Las razones son las que nos manifiesta el constituyente José Álvarez en su libro mencionado, mismas que forman parte de nuestra idiosincrasia que incluye el anhelo de justicia social.

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