Ciudad de México, MÉXICO.- José Fortino Martínez Martínez dormía con su esposa y sus cuatro hijos en su casa en la localidad fronteriza norteña de Nuevo Laredo, cuando una madrugada de junio de 2011, el ruido de la puerta rota lo despertó.

Entre siete y ocho hombres enmascarados entraron a su cuarto portando armas largas y chalecos antibalas con la leyenda “Marina”.

Martínez, de 33 años, fue llevado por miembros de la Marina, según el testimonio de varios de sus vecinos que testificaron la escena;  y aunque el cuerpo naval negó cualquier detención, semanas después dijo que investigaría el hecho.

Hasta ahora, sin embargo, nada se sabe del paradero del hombre, cuya historia es parte de un nuevo reporte de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), sobre desapariciones en México en medio de la lucha contra el narcotráfico, que siguen sin ser resueltas y que representa un desafío más para el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo triunfo fue impulsado en parte por el descontento con la política de seguridad del anterior gobierno.

En el reporte “El Persistente costo de una crisis ignorada”, divulgado el miércoles, HRW informó que ha logrado documentar 249 casos de desapariciones desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó su ofensiva contra el narcotráfico y que incluyó el despliegue inédito de miles de soldados, marinos y policías federales a lo largo y ancho del país.

El grupo internacional señaló que del total de casos documentados, en 149 encontró evidencia de que se trataron de posibles desapariciones forzadas; es decir, apoyadas o cometidas por fuerzas de seguridad, como el caso de Martínez.


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La Secretaría de Gobernación (Segob), responsable de los temas de seguridad pública nacional, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el reporte.

El área de prensa de la Escuela Kennedy de Harvard, a la que se incorporó Calderón, tampoco respondió de inmediato a un correo de la AP para conocer la opinión del ex presidente.

HRW reconoció, sin embargo, que los 249 casos son apenas una fracción de las desapariciones ocurridas en los últimos años, sobre todo a la vista de recientes filtraciones de supuestas bases de datos oficiales que listan más de 20 mil desaparecidas en los últimos seis años.

Una organización civil mexicana, Propuesta Cívica AC, publicó en diciembre una de las bases de datos presuntamente de la Procuraduría General de la República (PGR), en la que registra 20 mil 852 desaparecidos.

Días atrás, el diario The Washington Post publicó una nota en la que señaló que también había recibido una lista elaborada supuestamente por la misma dependencia oficial; pero que contabilizaba más de 25 mil personas desaparecidas.

La misma organización HRW ha dicho que de ser ciertos los datos, “situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del presidente Calderón, entre las peores en la historia de América Latina”.

Después de divulgado el informe de HRW, la subsecretaria federal de Derechos Humanos, Lía Limón, dijo a periodistas que en los próximos días el gobierno tiene previsto dar a conocer una base de datos elaborada por la PGR y que contiene más de 27 mil registros de desaparecidos, aunque aseguró que ella no la había visto y no tenía detalles de los casos.

En el reporte divulgado el miércoles, HRW señaló que Calderón falló en tomar los pasos necesarios para enfrentar e investigar las desapariciones.

“Si la administración de Peña Nieto repite esos errores –y falla en establecer un plan amplio y efectivo para investigar desapariciones pasadas y ayudar a prevenirlas–, los casos de desaparecidos seguramente continuarán incrementándose”, señaló el informe.

El organismo dijo que la lucha contra las drogas de Calderón “produjo resultados desastrosos”, no sólo por fallar en enfrentar a los grupos del narcotráfico, sino porque la estrategia también se tradujo en un incremento de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

HRW llamó al gobierno de Peña a firmar una orden ejecutiva, para que todos los detenidos sean presentados inmediatamente ante los fiscales correspondientes y bajo ninguna circunstancia sean llevados a instalaciones militares, estaciones policiales o centros de detención ilegales para ser interrogados, como en los últimos años llegó a ocurrir.

E. Eduardo Castillo/AP