El Consejo Rector del Pacto por México aún mantiene en secreto, el proyecto que contiene la iniciativa de reforma al marco legal de las telecomunicaciones. Esto sigue siendo criticable para muchos actores del sector, en tanto que otros, como Ernesto Cordero, lo ven como algo natural.

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República argumenta que mientras fue secretario de Estado, era muy natural preparar proyectos en privado, para hacerlos públicos hasta que eran presentados ante cualquiera de las cámaras del Congreso y ahí, discutir sus contenidos.

Lo que es indiscutible, es que el hermetismo bajo el cual se ha estado elaborando el proyecto, ha suscitado un sinfín de especulaciones en torno al tema. Incluso, dos diarios han publicado el contenido de lo que supuestamente es un borrador del proyecto, que según el presidente del Consejo Rector, lleva un 90% de avance.

Desde el punto de vista político, es entendible que el proyecto no se haga público, en tanto las negociaciones continúen; ya que nadie asegura que lo que hoy está escrito, vaya a ser cambiado días después.

Lo que no puede ser aceptado, es que las negociaciones se lleven a cabo sin especialistas en el tema, porque entonces nadie podrá confiar en lo que sea plasmado en la iniciativa. Al menos, no produjo mucha confianza escuchar a Guadalupe Acosta, del PRD, cuando hizo referencia a un tema relacionado con la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) que ya está regulado desde el 2 de julio de 2004.

Tampoco producen confianza las filtraciones que señalan que los negociadores pretenden eliminar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y crear a un nuevo instituto regulador constitucionalmente autónomo, que esté formado por siete consejeros designados por el Senado de la República, además de un Sistema Nacional de Radio y Televisión, con fines públicos.

Si bien, un organismo constitucionalmente autónomo representa la posibilidad de evitar que responda a fines empresariales antes que sociales, la desconfianza radica en que la elección de estos consejeros corre el riesgo de cumplir con cuotas partidistas; lo que convertiría al flamante instituto, en un gran botín político.

Todo parece indicar que la Ley Federal de Radio y Televisión, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones, quedarán unidas en un solo ordenamiento legal, que será convergente. Esta reforma es una gran oportunidad para dotar de verdadera autonomía a la COFETEL, además de sujetarla a un esquema adecuado de transparencia y rendición de cuentas. Ambos aspectos le han hecho falta desde su creación.

Si la Comisión no ha funcionado plenamente, es porque ha tenido fallas desde su concepción y origen, que no fueron solucionadas con las reformas de 2006. Es tiempo de, ahora sí, enmendar el camino y corregir los errores, en vez de borrar de un plumazo el camino que ha sido emprendido desde 1996.

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