Se cumplen 96 años de la Promulgación de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuatro años más celebraremos su centenario y será el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, el que tenga ese privilegio. Ya veremos.

Lo que está más que visto, es que durante los dos sexenios panistas se trató de relegar al olvido y menospreciar tanto a la Revolución como a la Constitución. Esto debido a que fueron el resultado de principios ideológicos contrarios a los que sostiene la derecha representada por el PAN.

En la actualidad, algunos actores políticos han declarado que ya es tiempo de que se supere el tabú de las ideologías y que los mexicanos debemos ser pragmáticos, globalizados y ver para delante pensando en las conveniencias económicas de asociarnos con empresas extranjeras.

Especialmente en el caso de la reforma energética, se insiste en que los conceptos de soberanía, la historia y el espíritu del constituyente, deben hacerse a un lado para ver la forma de capitalizar a PEMEX, con el objeto de que tenga una mejor estructura para aprovechar la riqueza petrolera.

Se argumenta, asimismo, que la paraestatal no tiene capacidad para realizar las funciones de exploración, explotación, refinamiento, conducción e investigación, que son necesarias para su óptima operación.

Lo que se olvida es que de sus ingresos brutos, Pemex paga un impuesto del 71%, monto que disminuye en mucho su capacidad para invertir en lo necesario para producir tecnología con los magníficos técnicos que tenemos en México, así como para continuar con las exitosas investigaciones del extinto Instituto Mexicano del Petróleo, al que en lugar de expandir y apoyar se le desapareció.

La insistencia en subcontratar empresas para realizar desde el mantenimiento de la torre B del edificio administrativo de PEMEX que sufrió un colapso, hasta la refinación del hidrocarburo, puede deberse la política de no incrementar la plantilla de trabajadores de la empresa que cuentan con un contrato colectivo, mismo que les garantiza prestaciones muy superiores a las otorgadas por la Ley Federal del Trabajo, o también a la corrupción que permite que se obtengan beneficios extra legales por otorgar las concesiones.

Poco falta para saber si el mantenimiento dado a las instalaciones del edificio siniestrado otorgado por una empresa privada, fue el causante de la tragedia o si fue la negativa de la Secretaría de Hacienda  de Calderón y Cordero para dar el recurso destinado a mejorar el mantenimiento de sus instalaciones. Igual, sabremos el sentido de la reforma energética que se pretende aprobar.  

Algo de historia

La Revolución empezó luchando por la Democracia, encabezada por Francisco I. Madero, con el objetivo de derrocar a Porfirio Díaz. Se expidió el Plan de San Luis para desconocer al dictador.

Una vez que ganó la batalla de Ciudad Juárez no supo sostener su victoria y firmó  los Convenios de Ciudad Juárez, en donde reconoce la presidencia de Díaz y ordena el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Grave error. Le costó la vida. Posteriormente se incorporaron al espíritu de la Revolución, los derechos sociales de obreros y campesinos, que en 1917 se plasmaron en la Constitución.

Dentro de esos derechos estaba el sentido social de la propiedad, así como la reivindicación del subsuelo para la Nación, conceptos que dieron fuerza a los gobiernos revolucionarios.

De ahí que Estados Unidos organizara complots para derrocar y en su caso asesinar a los gobernantes mexicanos que pusieron en práctica las ideas constitucionales sobre la propiedad del petróleo, energético cedido por Porfirio Díaz cuando este otorgó a los dueños del suelo la propiedad del subsuelo, legado de la Corona a la nación mexicana.

El primer caso fue el de Madero. Éste estableció impuestos para la exportación del petróleo, lo que molestó profundamente a los empresarios norteamericanos, los mismos que apoyaron a su embajador Henrry Lane Wilson para que, en contubernio con Victoriano Huerta, por el pacto de la Embajada, organizaran el asesinato del Presidente de México.

Después fue Venustiano Carranza, quien convocó al Congreso Constituyente y aunque no era su idea, aceptó y promulgó el artículo 27 de la Constitución, que reivindicó la propiedad del subsuelo y por ende, del petróleo para la Nación.

Ello, a pesar de las amenazas de los Estados Unidos de invadir México si esto sucedía. Para eso utilizaron a Manuel Peláez, el asesino que consumó su acto el 21 de mayo de 1920, a través del general Rodolfo Herrero parte de sus fuerzas llamadas “guardias Blancas”. Herrero le tendió a Carranza una emboscada en Tlaxcalantongo, Puebla, donde fue asesinado. Posteriormente trataron de inculpar al general Álvaro Obregón.

Apenas organizado, el gobierno de Plutarco Elías Calles, la prensa informó de la integración de una Comisión Mixta, para formular un proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, decisión que provocó alarma entre los socios de las compañías petroleras: instrumentaron un llamado “Plan Green” para invadir México y derrocar el gobierno de Calles.

México logró desmantelar el complot diseñado por el Secretario de Estado, Frank Billings Kellog y el Embajador en México, James Rockwell Sheffield. Finalmente, se promulgó la Ley Reglamentaria del Petróleo en 1925, estatuto que permitió la Expropiación petrolera de 1938, realizada por el presidente Lázaro Cárdenas.

Esperemos, pues, que los legisladores ponderen nuestra historia y la importancia de la propiedad de la Nación sobre el petróleo; que legislen una reforma hacendaria que dote a PEMEX de mayores posibilidades para invertir en infraestructura en vez de permitir a las empresas extranjeras, hacer negocio, prestándole servicios que la empresa mexicana debería realizar. Su discusión y fundamentos serían el mejor homenaje para nuestra Constitución.

Nota: los fundamentos histórico-jurídicos se encuentran en el libro de mi autoría: Espionaje y Contraespionaje en México, obra publicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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