La última vez que el marco legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión tuvo una transformación mayor, tuvimos como resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó párrafos y artículos como producto de una Acción de Inconstitucionalidad promovida por Senadores de la República.
En esta ocasión, los cambios llegan en forma de una iniciativa de reforma constitucional que es arropada por las principales fuerzas políticas del país en el marco del Pacto por México y que se encuentra rodeada de un optimismo francamente desconcertante.
Indudablemente, el sector requiere de cambios urgentes y profundos, que al ser puestos en marcha, permitan mejorar la implementación de políticas públicas que beneficien a todos los sectores de la sociedad.
En el fondo, esta iniciativa de reforma puede ser el inicio de la renovación esperada desde hace tiempo, pero su destino dependerá únicamente de la forma en que sus preceptos sean llevados a la práctica y es ahí donde encuentra eco el desconcierto que produce la euforia en torno a la iniciativa referida.
En términos generales, la ruta que debe seguir la iniciativa de reforma constitucional empieza en la Cámara de Diputados, luego en el Senado de la República y posteriormente en los congresos locales, buscando que la mayoría de ellos la apruebe.
De momento, la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados, una vez que ha sido dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales. En este punto, además de destacar las reformas presentadas por varios diputados para su discusión en el pleno, vale la pena tomar en cuenta que se evitó turnar la iniciativa a más de una comisión, para agilizar su paso por la cámara baja.
Una vez que el texto sea aprobado por los diputados (con modificaciones o sin ellas), será enviado al Senado de la República, donde a su vez debe ser turnado a comisiones para su dictamen y posterior discusión en el pleno. Aquí, la iniciativa nuevamente puede sufrir modificaciones o ser aprobada en los términos en que la remiten los diputados.
Si la iniciativa de reforma constitucional es aprobada por el congreso federal y por los congresos locales, aún es necesaria la elaboración y aprobación de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, que contemple las modificaciones hechas a la constitución.
Como puede verse, la reforma al sector de las telecomunicaciones es un proceso de corto, mediano y largo plazo, que contempla la participación de muchos actores, lo que da la ventaja y el riesgo de que la iniciativa sea modificada.
Existe la ventaja de que la iniciativa construida por negociadores políticos bajo un total hermetismo, puede ser modificada para eliminar errores de técnica legislativa, así como para incorporar mejoras en la redacción que contribuyan a fortalecerla.
También existe la ventaja de construir una ley secundaria que surja de un debate informado, transparente y plural, cuyos artículos favorezcan el bienestar de todos los sectores de la sociedad.
Sin embargo, existe el riesgo de que las discusiones en torno a la iniciativa de reforma constitucional se sigan dando entre actores políticos que únicamente contemplen lo negociado previamente.
Otro de los riesgos se encuentra en que, lejos de los reflectores del Pacto por México, la nueva legislación secundaria cumpla con lo establecido en la Constitución ya reformada, pero solamente en la letra y no cumpla con el espíritu de la reforma.
Indudablemente, será necesario seguir toda la ruta y estar al pendiente de las modificaciones que sean incorporadas a la iniciativa de reforma constitucional, así como la elaboración de una nueva legislación secundaria que responda a las demandas de la academia, la sociedad civil, la industria y los organismos gubernamentales.
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