Foto: Arturo Alfaro

Foto: Arturo Alfaro Galán

En los primeros 25 meses de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, el robo de placas vehiculares, se ha incrementado considerablemente en Puebla.

Esto no sólo deja la sensación de inseguridad entre los automovilistas, sino una larga y tortuosa cadena de trámites burocráticos en tres dependencias de la entidad y el pago de, por lo menos, mil 490 pesos por cada unidad.

Cifras de la Secretaría de Finanzas (SF), obtenidas a través del sistema Infomex del gobierno estatal, revelan que en promedio, 523 personas acuden cada mes a la dependencia estatal –y sus 20 oficinas recaudadoras– para solicitar la reposición de las láminas.

Lo anterior equivale a que, en lo que va de la administración morenovallista, la SF registró el trámite de 13 mil 91 automovilistas.

Los datos vertidos en la solicitud de información 084713, detallan que los meses con mayores registros ante la dependencia recaudadora son enero, junio, julio, agosto y octubre de cada año, cuando los reportes crecieron hasta 600 trámites por cada 30 días.

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La travesía de Martha Cruz

En octubre de 2012, Martha Cruz, una joven automovilista, reportó el robo de sus placas vehiculares por primera vez.

El acontecimiento ocurrió en la colonia Patrimonio, ubicada al sur de la capital, una de las demarcaciones donde ha aumentado la incidencia delictiva por robo a casa habitación, de autopartes y narcomenudeo, según documentó hace unos meses la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM).

Sin embargo, después del pago de dos infracciones –cuyo monto alcanzó los 800 pesos– por circular sin las láminas, Martha Cruz decidió reiniciar con el trámite de reposición de placas hasta febrero de 2013.

La travesía de Cruz empezó ante la Dirección de Vialidad Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde pagó 80 pesos por la expedición de un Comprobante de No Adeudo de Infracciones.

Este documento sólo se expide de lunes a sábados en horario de oficina y es indispensable para interponer una denuncia por robo o extravío ante el Ministerio Público de la agencia especializada en robo de vehículos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

El trámite, que es realizado a mano por los encargados del lugar, tiene una vigencia de 30 días y en caso de sobrepasar el límite, las personas deberán pagar nuevamente y acudir ante las autoridades ministeriales.

Una vez en el Ministerio Público, ubicado en la 9 Oriente 1405 en la colonia Centro, Martha Cruz esperó más de 30 minutos su turno. En el lugar, el personal de encargo le recomendó tramitar una constancia de hechos por el extravío de placas y no por robo; ya que le llevaría más tiempo demostrar el ilícito.

Me dijo que como sólo quería la reposición de mis placas, la constancia de hechos era más que suficiente para tramitarlo en la Secretaría de Finanzas; ya que si iniciaba una denuncia por robo, tenía que dar más vueltas y ratificar los hechos, lo que me llevaría más tiempo perdido”.

Ante ello, la joven accedió a tramitar una constancia de hechos por el extravío de placas y para ello, el personal de la PGJ comenzó a dictarle su declaración.

Era como un machote, ya tenían todo armado y sólo le cambiaron las fechas y el nombre”, apuntó después de destinar cuatro horas de su jornada laboral.

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Días después, Martha Cruz acudió a la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en el Parque Millenium y ahí, personal de seguridad la remitió a las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS), en vía Atlixcáyotl.

Esta acción le tomó al menos, 20 minutos más de lo previsto.

Ya en el lugar, esperó dos horas para ser atendida y debió pagar 345 pesos por control vehicular; 715 pesos por la expedición, reposición y canje de las placas de circulación; 345 pesos por la expedición de la nueva tarjeta de circulación y 85 pesos más por la baja de placas del Registro Estatal Vehicular.placas2

Además, indicó que presentó copias de todos sus documentos, incluida la constancia de hechos expedida por el Ministerio Público.

En total, Martha Cruz debió gastar mil 490 pesos –además del tiempo invertido en cada dependencia–, para contar nuevamente con sus láminas y sin alguna garantía de mayor seguridad afuera de su vivienda, donde presuntamente sustrajeron sus placas vehiculares.

No sólo es la placa, eso es lo de menos. Lo que enfada es todo lo que provoca el robo: los trámites burocráticos, la pérdida de tiempo en las dependencias, y el dinero que se invierte. Todo como consecuencia de la inseguridad que vivimos, porque algo está pasando donde cada vez más carros circulan sin placas. Se las roban, las extravían, pero la autoridad no está haciendo su labor”.