Recordará que hace una semana, le conté acerca del extraño suicidio en el Penal de Puebla, que dirige Juan Roberto Montes Romero.

Pues hoy, le tengo un dato que es triste a la vez que aterrador.

Resulta que, según dicen, el interno que murió, unas horas antes ya había tenido un intento de suicidio al cortarse las venas de los antebrazos y escribió con su propia sangre, en los muros de cristal de su celda, la situación en que vivía, las torturas de las que era objeto y los nombres de los custodios que lo maltrataban.

Los elementos del primer grupo de seguridad y custodia, cuyo jefe es Francisco Hernández Doroteo, conocido en el mundo del hampa como “el chichicate”, notaron esta situación, lavaron las inscripciones, atendieron al herido y encabezados por este siniestro jefe de grupo, le dieron una golpiza, para que “aprendiera” y ya no lo volviera a intentar.

De más esta decir, que su “manoterapia” no dio resultado y en las condiciones que le relate la semana pasada, el interno se quito la vida.

Le recuerdo que fue apenas pasados dos días del nombramiento de Facundo Rosas Rosas como titular de la SSP-Puebla que se dio este incidente, por lo que su responsabilidad no es el muerto, sino la manera en que se regularan estas áreas en donde ni siquiera derechos humanos entra y la determinación de responsabilidades del personal corrupto que se desempeña en los penales poblanos, y que se están manchando las manos de sangre.

Nueva ley de Amparo

Como le comenté hace una semana, ya entró en vigor la Nueva Ley de Amparo.

La Ley, que es un texto nuevo y no simples reformas como en muchos medios se ha comentado, es novedosa e implementa tres ajustes de gran calado al sistema de defensa constitucional.

En primer término, el juicio de amparo ya no solo procede contra actos que atenten contra los derechos fundamentales establecidos en la constitución, sino también contra los actos que violen los derechos contenidos en tratados internacionales suscritos por México.

Por otra parte, ya no solo son reclamables los actos de la autoridad, sino también aquellas omisiones que generen una afectación al interés legítimo del gobernado.

Respecto a esto último, para determinar la procedencia del amparo se atenderá a la titularidad de un interés legítimo o de un derecho subjetivo, rebasando el texto de la ley abrogada, que exigía acreditar un interés jurídico y un agravio personal y directo.

Independientemente de lo ya mencionado, se estableció también el uso de la vía electrónica para la promoción y substanciación del juicio de garantías, mejoras en cuanto a las facultades del juez para lograr el cumplimiento de los fallos en que se conceda el amparo, pero también la obligación de estos de fijar con claridad y precisión los efectos para los que se conceda, en su caso, la protección constitucional.

Un tema que causó polémica fue el referente a la suspensión del acto reclamado, sobre todo en tratándose de bienes de dominio público que están concesionados y que irritó a los concesionarios del espectro radioeléctrico.

Con la reforma, se estableció que es improcedente el conceder la suspensión  por afectar el interés social, cuando de concederse se afecte la facultad del estado de recuperar la prestación de dicho bien.

Desde mi particular punto de vista, la disposición contiene una marcada dedicatoria y por ello, es ilegal al romper con el principio de generalidad de la norma.

Si se aprueba la reforma en Telecomunicaciones tal y como la envió al senado la cámara de diputados, en la ley secundaria se establecerá que en un juicio de amparo contra actos del organismo regulador no procederá en ningún caso la suspensión.

Cabe señalar, que la única legislación supletoria a la ley de amparo, según su artículo 2°, es el Código Federal de Procedimientos Civiles; por lo que la excepción a la concesión de la medida cautelar debe estar textualmente en la ley de amparo y no en otro ordenamiento.

Por otra parte, la negativa de la suspensión per se en casos de radiodifusión o telecomunicaciones implica el grave riesgo de que los actos si se demuestra su inconstitucionalidad, generan perjuicios de imposible reparación, que en un incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia, podrían llegar a costar dinero, mucho dinero, a las arcas del gobierno.

La suspensión en los juicios de amparo, es una figura de importancia clave y que no le puede ser negada a un sector de la población con tintes discriminatorios, sino que su procedencia o importancia debe ser valorada equitativamente entre los perjuicios que se pueden causar al particular y aquellos que pueda resentir el Estado. Para compensar estos últimos, se tiene la figura de la garantía y por ello el particular puede gozar de una suspensión al garantizar la reparación de los posibles daños causados al interés público.

La nueva ley encierra contradicciones y hace más largos los plazos para la redición de los informes y consecuentemente la resolución de los juicios, Es una ley perfectible, pero es loable que después de dos años en la congeladora legislativa, por fin haya visto la luz.

La danza de los dineros

Pues el dólar sigue bajando pero también la producción industrial del país, algo que se puede agravar si continúa esta tendencia que afecta al exportador.

Por otra parte, ya se empieza a gestar la reforma financiera en el seno del Pacto por México, la cual se dice que tendrá como efecto el incremento del crédito y facilitará la ejecución de garantías. La otra semana le cuento.

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