El manto de la incertidumbre campea en el Poder Judicial.
La causa, la detención del Juez Mixto de Chiautla de Tapia, en cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada por uno de sus pares de los de Puebla capital.
Y por la violación a los Derechos Humanos del ayer administrador de justicia, hoy procesado.
Y por no haber sido notificados, previamente, los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Veamos.
El Ministerio Público integró una Averiguación Previa que consignó al Juez Mixto de Chiautla de Tapia, funcionario judicial que, dentro de la legalidad, obsequió las órdenes de aprehensión en contra de dos Regidores del Municipio de Teotlaco, como presuntos responsables de privación ilegal de la libertad en agravio de personal administrativo del Ayuntamiento.
Los Regidores a su vez denunciaron al Juez, que en su concepto cometió delitos en la administración de justicia.
Y el Ministerio Público, en forma inusual, integró en unos cuantos días la Averiguación Previa y consignó al Juez Mixto de Chiautla de Tapia.
Aparentemente ni la Procuraduría General de Justicia ni el Juez que giró orden de aprehensión contra su par, informaron a los Magistrados.
Pero más allá del proceso que se seguirá al Juez Mixto de Chiautla de Tapia, a su posible separación del cargo, al matiz político que se percibe y a las múltiples especulaciones que han surgido, el asunto impacta un bien superior: la Reforma Constitucional de 2008 que privilegia los Derechos Humanos de las personas.
Porque ningún Juez, en su sano juicio, se atreverá a manejar el Control Difuso de la Constitucionalidad y menos aún el Control de la Convencionalidad.
Y los Jueces de oralidad, los del Sistema Acusatorio Adversarial, aún cuando durante el juicio surja la duda razonable, evitarán dejar en libertad al presunto inocente.
Cualquiera de sus actuaciones puede encuadrar en alguno de los 21 supuestos (uno derogado) considerados Delitos Cometidos en la Administración de Justicia y en Otros Ramos del Poder Público que podría ser denunciado, ante el Ministerio Público, por alguna de las partes del litigio.
El asunto se tornará más espinoso todavía cuando un Juez no cumpla, por causa justificada, una disposición de su superior jerárquico; es decir, cuando se niege a resolver un asunto penal, civil, mercantil, familiar o financiero bajo la línea política y fuera de la normatividad legal.
En cualquiera de los dos supuestos, hacerlo a no, de acuerdo a la interpretación del Ministerio Público, su conducta puede ser considerada delictiva.
En fin.
En todos los casos el Magistrado Presidente, se lavará las manos.
Y a los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, les seguirán ocultando lo que sucede a su alrededor.
Porque, ciertamente, el responsable es el Juez.
¿O no?
