El mecanismo elegido por el Pacto por México para reformar al sector de las telecomunicaciones incluyó, en primera instancia, reformar el texto de la Constitución, para posteriormente adecuar el marco legal mexicano. La primera etapa de esta ruta está casi concluida, por lo que la atención del sector se empieza a trasladar a la etapa más laboriosa del proceso.
Debido a que la actual legislatura se encuentra en receso, la Comisión Permanente emitió la declaratoria de validez de la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, al contar con la aprobación de 24 legislaturas estatales, incluida la poblana. El proyecto de decreto fue turnado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, que seguramente sucederá antes de que concluya el mes.
Los analistas Gabriel Sosa Plata y Aleida Calleja han señalado ya los temas que habrán de ser discutidos y analizados una vez que la reforma entre en vigor. Sin duda, uno de los más importantes es la elaboración de una nueva ley, que regule de manera convergente a las telecomunicaciones y a la radiodifusión, sustituyendo a las leyes actualmente vigentes.
El Congreso de la Unión deberá elaborar este ordenamiento dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma, según lo estipula el artículo cuarto transitorio del mismo.
Será necesario que los legisladores atiendan el fondo y la forma de la elaboración de la legislación secundaria. Por una parte, habrá que cuidar que el contenido de la nueva ley refleje el espíritu de la reforma constitucional. También será importante evitar que el proceso se desarrolle con la misma opacidad que tuvo la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional al interior del Pacto por México.
No hay que perder de vista que la reforma constitucional solamente incluye disposiciones generales, que habrán de ser refinadas a través de una nueva ley y los detalles son importantes para no perder el espíritu de la iniciativa. Con respecto a la Internet, que también ha sido incluida en la reforma, el capítulo México de la Internet Society ha expresado reservas con respecto a algunos de los artículos de la reforma que pueden impactar en el desarrollo del ecosistema de Internet.
Es recomendable que tanto los diputados como los senadores atiendan con transparencia los comentarios vertidos por las entidades interesadas en el desarrollo del sector. Será imprescindible que el gobierno, la industria y la sociedad participen en la confección de la iniciativa, así como en los procesos al interior de ambas cámaras del Congreso, hasta que sea aprobada la nueva ley. El reto es grande, pero la oportunidad es enorme y México no puede desaprovecharla.
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