El pasado 10 de octubre, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena hizo circular un documento intitulado “La privatización del agua, una amenaza al bienestar de todos”, en el que señala lo siguiente: “Declaramos tajantemente que el proyecto de privatización del servicio de agua potable de Rafael Moreno Valle es un atentado contra la seguridad y el bienestar público”. Y se agrega lo siguiente: “Este proyecto se propone conceder las operadoras de agua a intereses privados, presumiblemente de origen colombiano, las cuales comenzarán a lucrar, o generar ganancias, a partir de la comercialización de un bien indispensable para el bienestar humano. En segundo lugar, esta privatización significa también un golpe para la propiedad pública, es decir para el patrimonio de todos los ciudadanos, ya que de ahora en adelante un servicio que buscaba la satisfacción de necesidades ciudadanas será empleado para buscar ganancias económicas por parte de particulares, gracias a la voluntad del Sr. Moreno Valle(…)Para finalizar hacemos un enérgico reclamo para que se dé marcha atrás a una nueva privatización de los bienes públicos, a evitar que se lucre con un bien tan indispensable para la vida humana como lo es el agua. Sin embargo, sabemos que fiel a su estilo el gobernador no dará marcha atrás. Ante esta situación no queda más que pedir a todos los simpatizantes de MORENA, a los grupos sociales conscientes de esta problemática, y a la ciudadanía en general, a estar atentos al desenvolvimiento futuro de esta problemática que merece que nos manifestemos con toda la fuerza y potencia que como ciudadanía y pueblo soberano tenemos. Nuestra protesta y movilización debe ser enérgica, y debemos hacernos presentes en el espacio público como bloque fuerte de protesta y oposición ante este nuevo despojo por parte de la élite representada por Moreno Valle”.

Aparte de Morena, diversas organizaciones sociales han comenzado a impulsar diversas iniciativas encaminadas a exigirle al  Gobierno y al Congreso del Estado  la derogación a la Ley del agua, arguyendo que la misma es “violatoria a los  derechos humanos y significa la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas, por lo que las tarifas serán arbitrarias de acuerdo a las propias empresas y podrán considerar adeudos derivados de este servicio como créditos fiscales para llevar a cabo embargos a quienes no puedan pagar el servicio de Agua potable”.

Entre dichas organizaciones se encuentran la Red de Defensa de los Derechos Humanos; Eloy Méndez Becerra; el Comité Pro Agua Potable y Obras de Beneficio Social para la Villa de Amozoc; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-región Malinche, y el  Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.  Todas ellas anunciaron que pedirán a los Diputados locales que se manifestaron contra esta reforma,  y también a la  Comisión Estatal de Derechos Humanos,  que presenten de inmediato una Acción de Inconstitucionalidad contra esta ley aprobada y publicada el mes pasado.

En contrapunto a lo anterior,  algunos núcleos de ciudadanos están promoviendo una campaña destinada a promover amparos contra la privatización del agua potable, iniciativa que puede tener un gran impacto. Asimismo, tal como nos informa Fermín Alejandro García (La Jornada de Oriente, 16 de octubre de 2013),   hace unos días una treintena de personas le envío una carta a los legisladores Félix Santos Basilio del PT, Eric Cotoñeto Carmona del PRD, Jorge Luis Blancarte Montaño del Movimiento Ciudadano, así como a varios integrantes del PRI, en la cual les piden que fundamenten por qué votaron a favor de la entrega al capital privado de dicho servicio público. Entre las cuestiones que abordan en dicha misiva se encuentran las siguientes: 1. ¿Conoce el posible daño que se causará a la ciudadanía con la privatización del agua potable? 2. ¿Conoce la resolución de la Organización de Naciones Unidas del año 2010, que elevó el acceso del agua potable a rango de derecho humano?, ¿Y sabe que el Estado Mexicano suscribió esa declaración? 3. ¿Sabe lo que dice el artículo 4 de la Constitución General de la República en donde se establece que el acceso del agua es un derecho básico?

Hasta el momento ninguna de los diputados de referencia ha respondido a dichas cuestiones, lo cual –como observa el columnista citado—“no solamente es un acto de descortesía o indolencia, sino es ante todo una violación a los principios legales que deberían regir su comportamiento”.

Todo parece indicar, pues, que hay señales inequívocas de que la decisión del Gobierno de privatizar el agua (respaldada por el Congreso estatal) amenaza con convertirse en un conflicto social, hecho que sin duda cristalizará una vez que nuestros conciudadanos  se percaten del impacto que dicha decisión traerá para la deteriorada economía familiar.


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