En abril del 2011 (Milenio) el todavía secretario del Transporte, Bernardo Huerta, prometió revocar “concesiones entregadas al servicio público de ruta fija y taxi durante el gobierno de Mario Marín y que se presume son irregulares, porque carecen del sustento técnico o incumplieron con los requisitos que establecen la ley y reglamento vigentes en el estado de Puebla.

Bernardo Huerta Couttolenc, titular de la ST, informó lo anterior al confirmar que se empezó la revisión a 5 mil concesiones autorizadas entre enero de 2005 y enero 2011 por sus antecesores: Rómulo Arredondo Gutiérrez, Valentín Meneses Rojas y José Guadalupe Castillo Méndez.”.

Al mismo tiempo, los contralores del estado, Patricia Leal y Eukid Castañón  han ofrecido – cada uno en su momento – sancionar con todo el peso de la ley a los colaboradores del ex “góber precioso” que abusaron de sus cargos en el sexenio 2005-2011.

Y en Puebla se tiene la percepción generalizada de que muchos allegados a Mario Marín se enriquecieron de manera irregular en 6 años: Javier García Ramírez, Javier López Zavala, Gerardo Pérez Salazar, Javier Sánchez Galicia, Valentín Meneses y, sobre todo, el jefe de todos ellos.

Además, nadie en su sano juicio puede oponerse a que, por fin, alguien en el estado y ciudad de Puebla ordene el transporte público. El último titular de la SCT que hizo algo leve, pero positivo en ese sentido fue Marco Antonio Rojas Flores, quien obligó a los permisionarios a medio regularizarse con números en sus unidades.

Un solo marinista preso

Los secretarios siguientes, incluyendo a Bernardo Huerta, se han dedicado…a sobrellevar el servicio y, en el peor de los casos, a aprovecharse de sus atribuciones legales, para auto otorgarse concesiones, como supuestamente habría hecho Valentín Meneses Rojas con la ruta Bicentenario a través de Sergio Galindo, a quien el PRI estatal hizo candidato a la alcaldía de San Pedro Cholula en julio pasado.

En este contexto, si se regula en serio el servicio y se sanciona a los ex funcionarios marinistas que dieron y se auto dieron concesiones a diestra y siniestra, la medida sería más que aplaudida, toda vez que, en su momento, la ex presidenta municipal de Puebla, hoy senadora y mencionada como contendiente del PRI para el gobierno en el 2016, Blanca Alcalá Ruiz, prometió que pondría en orden este servicio…pero como en otros rubros de su gestión todo quedó en palabras.

El problema es que Bernardo Huerta lleva ya 3 años al frente de la ST y, con excepción del reciente intento por revocar las concesiones que Sergio Galindo y su superior se atribuyeron en la ruta Bicentenario A, además de su intentona hasta ahora no concretada de desaparecer los moto taxis, poco más se ha hecho desde esa dependencia por ordenar la saturación y el mal servicio del transporte.

Además, las promesas del actual contralor Eukid Castañón de revocar concesiones mal otorgadas y sancionar a los que incurrieron en este anomalía en el sexenio pasado…son iguales a las que en su momento lanzó la antecesora en esa dependencia, Patricia Leal. Y la realidad es que, hasta ahora, el único marinista preso por enriquecimiento ilícito se llama Alfredo Arango García, quien hasta ha recibido privilegios legales por supuestas o reales “enfermedades” que le llevan al hospital, en lugar de la cárcel.

Todos los demás marinistas que a la vista de los poblanos se enriquecieron de manera irregular y, presumiblemente, ilegal durante 6 años andan libres, organizando bodas, nombrando delegados federales, imponiendo candidatos del PRI y del PVEM, sin que la Contraloría haga que Mario Marín, Javier García, López Zavala, Gerardo Pérez y demás hayan sentido ni cosquillas ante las advertencias, primero de Patricia Leal y, ahora, de Eukid Castañón.

Elementos

  • Cuentan los que saben que la elección por la dirección de la Facultad de Derecho de la BUAP será una consulta a la comunidad universitaria, que deberá definir su destino entre el continuismo que representa el yugo del actual titular Guillermo Nares Rodríguez o el relevo generacional que llegaría si gana algún candidato cercano al rector Alfonso Esparza Ortiz.

 

  • También se tiene claro que Esparza Ortiz no tiene acuerdo alguno con Nares Rodríguez que le permita a éste último continuar como el “Gran Elector” de la facultad de Derecho. Por lo tanto, los estudiantes, trabajadores y académicos de dicha instancia tienen – hoy – la oportunidad de sacudirse, por fin, el dominio de quien lleva décadas ejerciendo como “dueño” de ella.

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