La foto publicada por el reportero Ozair Viveros en su cuenta de Twitter (@Ozair2625) es clara: cuatro patrullas de la policía municipal de Guadalupe Victoria reducidas a cenizas.
Las paredes de la presidencia municipal también fueron lamidas por el fuego, iniciado por pobladores enardecidos tras el asalto y asesinato de un comerciante a manos de un grupo armado.
De acuerdo con lo publicado por Diana Jiménez, reportera del portal e-consulta, es la segunda vez en los últimos meses, que un intento de asalto en esa comunidad termina en homicidio.
Sin embargo, la inseguridad que se vive no se refleja en las cifras oficiales de incidencia delictiva.
Los datos que el gobierno del estado entrega al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre en Guadalupe Victoria, sólo reconocen un asesinato entre enero y septiembre de 2013.
El caso fue catalogado como “culposo”, es decir imprudencial; en tanto, sólo se registran dos denuncias de robos con violencia se en el año: uno en abril y otro más en junio.
Mientras, en 2012 se reportaron –durante ese mismo periodo– cuatro homicidios, dos culposos y dos dolosos; y 20 robos, cinco de ellos con violencia.
Si se toma como parámetro esos números, pareciera que la situación en Guadalupe Victoria ha mejorado en el último año; pero la respuesta social en ese municipio colindante con Veracruz, ofrece un panorama distinto.
¿Incitadores en Guadalupe Victoria?
La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPEP) sostiene que detrás de la turba que también arremetió contra algunas propiedades del actual munícipe, Felipe Cortés, hay “incitadores”.
De hecho, la dependencia sostiene en un comunicado, que lo pobladores se han resistido a permitir las funciones policiales.
Solo les permitían mantenerse en una base pero no realizar rondines, situación que se repitió con el arribo de Policías Estatales para cubrir los servicios… Un antecedente adicional es que los pobladores, de manera infundada, presionaron para que la autoridad ministerial redujera su plantilla en el municipio”.
Aumenta la percepción de inseguridad
Más allá del fondo del conflicto, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) muestran que entre 2011 y 2013, los ciudadanos en Puebla, lejos de sentirse más seguros en su colonia o en su ciudad, se sienten ahora más inseguros.
No es una respuesta social gratuita. En los últimos dos años, se han multiplicado los asaltos violentos que terminan en asesinato en todo el estado, especialmente al salir de una institución bancaria y se ha elevado el número de secuestros.
A la par, se registra un fenómeno curioso: si bien los niveles de confianza en los responsables de la seguridad pública se mantienen por los suelos, durante estos dos años el porcentaje de desconfianza ha disminuido.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que los agentes de tránsito son los considerados como los más corruptos. Así los calificó 83 por ciento de los encuestados; aunque en 2011, la cifra fue del 90.2 por ciento.
También revela que más de 60 por ciento de la población opina que toda la fuerza de seguridad en el estado, policías municipales, estatales y ministeriales son corruptos.
Y lo mismo pasa con los encargados de la justicia, los jueces y agentes del Ministerio Público. Casi 70 por ciento de la población los cataloga así.
En Puebla tardas 4 horas para denunciar
La Envipe también revela que a nivel estado, las denuncias por delitos cometidos es apenas de 7.5 por ciento, es decir hay un 92.5 por ciento de los casos que ni siquiera es registrado por las autoridades.
En ese sentido, Puebla es la entidad número 12 con la tasa de “Cifra Negra” –es decir, todos aquellos delitos que no se denunciaron más los que si se llegaron a denunciar; pero no se inició Averiguación Previa– más alta.
La encuesta también ofrece explicaciones sobre el bajo nivel de denuncia. La principal razón tiene que ver con el engorroso trámite que significa presentarla, especialmente en el estado de Puebla, Tabasco, Chiapas y el Distrito Federal (DF).
Los datos mencionan que en estas entidades, el proceso de denuncia de requirió de más de cuatro horas en más de 40 por ciento de los casos.
Puebla también reporta el peor trato de los funcionarios y trabajadores de las Agencias del Ministerio Público a los usuarios en todo el país.
La media nacional durante el 2012m fue de 21.5 por ciento en la categoría de “muy malo”, y apenas un 6.1 en la categoría “excelente”; mientras que en Puebla, 39.9 de los usuarios aseguró recibir un trato “muy malo” y solo el 2.9 lo calificó de “excelente”.
