Concesionar el servicio de agua potable afectaría las finanzas de, al menos, 80 universidades privadas en Puebla, sostuvo Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJP).

Afirmó que algunas de ellas pagan hasta 35 mil pesos bimestrales por recibir el líquido.

En entrevista con Poblanerías en Línea, dijo que se debe garantizar el otorgamiento de un servicio adecuado y opinó que por el momento, esto no se cumple.

Muchos ahora pagamos el servicio y ni siquiera lo tenemos”, acusó.

Señaló que actualmente, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) aplica reglas poco transparentes para el cobro de tarifas; lo que genera la suspensión del suministro y el bloqueo en los sistemas de drenaje.

Dijo en ese contexto, que deben aplicarse tarifas justas y evitar que el agua –uno de los servicios públicos municipales– se convierta en un artículo de comercio.

Pidió que tampoco se constituya en un asunto meramente de “particulares” y se brinde como un servicio público con eficiencia y calidad.


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Piden justificar la concesión del Soapap

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En la imagen, Germán Molina Carrillo, director del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla (ICJP). Foto: Miguel Ángel Arroyo.

Dijo que las universidades privadas están a la espera de las reglas de operación del organismo que tomaría la administración del manejo del SOAPAP, así como las políticas que habrán de asumir.

¿Pasar el servicio a manos de particulares, resuelve el problema?

Yo siento que no; porque de alguna forma, si el servicio ahora no está bien, con particulares no tenemos la certeza de que así será. Es un experimento, no creo que los resultados cambien.

Antes habría que transparentar cómo está el organismo, qué justifica su privatización y sobre todo las reglas de operación de los nuevos concesionarios”.

Ante la posibilidad de que aquellos usuarios que no paguen, sean embargados, Germán Molina, asentó que así lo contempla la reforma a la ley, dado que se convierten en créditos fiscales y esta medida se aplicaría a través de la Secretaría de Finanzas.

¿Esta medida es radical?

Sí, si lo es, porque creo que un servicio que es deficiente y que además no se tiene. Pienso que (el gobierno del estado) se está jugando con un derecho humano, convirtiéndose en una situación mercantilista, cuando es un derecho que tienen los ciudadanos consagrado en la propia Constitución y que es vital para todas sus actividades, tanto en sus casas como en sus comercios”.

Propuso por último, revisar el organismo, involucrar a académicos y a un Consejo Ciudadano, que aplique medidas más flexibles de atención a la demanda en diversas colonias y en general la aplicación de un plan operativo de acuerdo a las condiciones que gurda la capital y su zona conurbada.