Nos acabamos de enterar que nuestro amigo el académico Arturo Rivera Pineda aceptó desistirse del juicio de amparo  que interpuso ante el Juzgado Sexto de Distrito de Distrito del  Circuito Judicial, estableciendo algunas condiciones que seguramente se  abordarán en la Sesión del  H. Consejo  Universitario que se llevará a cabo mañana, 22 de noviembre (Vid. Cambio, 21 de noviembre de 2013).

De este modo se destraba el conflicto suscitado en la Facultad de Derecho, y, a la vez, se resuelve un asunto que,  a mediano o largo plazo, hubiese podido traer consecuencias nocivas para la autonomía de nuestra máxima de casa de estudios.

Celebro que Rivera Pineda  haya privilegiado el interés de la institución a costa de su intereses individuales, lo cual nos confirma de que se trata de un académico que siempre se ha caracterizado por “ponerse la camiseta” de la BUAP.

Ahora lo que sigue es, como señalamos en una de nuestras columnas en Poblanerías, que los universitarios nos demos a la tarea de analizar a fondo qué aspectos del Estatuto Orgánico de nuestra casa de estudios se torna necesario modificar, a fin de ponerlos a la altura de los signos de los tiempos.  Los universitarios debemos mostrarle a la sociedad que somos ciudadanos capaces de dirimir nuestros conflictos internos, sin la necesidad de recurrir a la intervención del poder judicial.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha mostrado una sabiduría proverbial en lo referente al respeto a la autonomía universitaria (como sucedió en los casos, que mencionamos en anteriores columnas, de Michoacán y Jalisco), no podemos perder de vista los ingentes esfuerzos que despliegan los sectores más conservadores de nuestro país por intervenir abiertamente en la vida interna de las universidades públicas.  En ese sentido, los universitarios tenemos que hacer gala de una gran dosis de prudencia para evitar abrir “boquetes” –perdón por el vocablo–  que en determinado momento puedan ser aprovechados por tales sectores.

Gracias a la autonomía la universidad pública asume su carácter de  conciencia crítica de la sociedad, misma que le permite estar en condiciones de aportar respuestas a los grandes problemas nacionales, como el que tiene que ver con un desarrollo económico independiente, de acuerdo a las necesidades de la gran mayoría de la población, que no esté sujeto a los vaivenes o dictados de las potencias que en la actualidad controlan las redes financieras del orbe.


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En el más reciente informe de la UNESCO, intitulado “situación Educativa de América Latina y el Caribe: Hacia la Educación de Calidad para el 2015”, se subraya la necesidad de que nuestras naciones robustezcan su “capacidad científica y tecnológica propia, para conectarse mejor con su sociedad” (…)” Los países de la región –se agrega–  deberían fortalecer y articular sus universidades públicas,  que han sido históricamente y seguirán siendo en el futuro previsible sus principales espacios de producción de conocimientos”.  Este planteamiento implica una ruptura total con la tesis neoliberal que sostenía que las naciones del tercer mundo deberían limitarse a importar conocimientos científicos y tecnología con el objeto de promover su desarrollo. De algún modo  reivindica la tesis que sostiene el sociólogo portugués Boaventura Dos Santos, en el sentido de que nuestras naciones deben abrirse paso a una “globalización contrahegemónica”, es decir, a una globalización que finque su matriz en las necesidades fundamentales del entorno social,  impulsando iniciativas encaminadas a fortalecer la producción de conocimientos que tengan que ver con las necesidades endógenas, sin descartar en absoluto la cooperación internacional en los campos de la ciencia y la investigación.

Nos encontramos, sin afán de exagerar, frente algo así como un “giro Copernicano”a diferencia de lo que sucedía hasta hace pocos años, cuando predominaba la idea (emanada del proyecto neoliberal) de que se tornaba preciso estimular el desarrollo de las universidades privadas para asegurar el ingreso de los países de la región a la llamada Sociedad del Conocimiento, ahora la UNESCO reivindica de manera notable el papel de la universidad pública.