Para las telecomunicaciones de México, 2013 fue un año que difícilmente podrá ser olvidado. Fue reformada la Constitución del país para transformar al sector, sustituyendo al organismo regulador y nombrando a nuevos comisionados. El cambio quedó incompleto cuando los legisladores no adecuaron el marco legal conforme a la reforma constitucional. Si bien este tema fue uno de los principales acontecimientos del año, no fue el único.

En enero, el colectivo Libre Internet Para Todos se dedicó a reunir firmas para presentar la primera iniciativa ciudadana en el país, que proponía usar el espectro radioeléctrico utilizado como bandas de guarda entre cada canal de televisión para brindar acceso a Internet a la población. También fue el mes en que Florence Cassez fue puesta en libertad, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que fue violado el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de la francesa, ya que el día de su detención, las autoridades eligieron montar un show televisivo antes que ponerla a disposición del ministerio público.

Para marzo, el presidente Peña, acompañado por los dirigentes de los partidos políticos integrantes del Pacto por México, presentaron la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. En ese mes, la ahora extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) resolvió modificar la fecha del apagón analógico de Tijuana, llevándola del 16 de abril al 28 de mayo.

En abril, el Pacto por México dio las primeras señales de debilidad, cuando la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue detenida en la Cámara de Diputados, lo que no impidió que el 30 de ese mes, la reforma quedara aprobada en el Congreso Federal. En el plano internacional, la organización Article 19 presentó el documento «El Derecho a Compartir: Principios para la Libertad de Expresión y los derechos de Propiedad Intelectual en la Era Digital», orientado a marcar la pauta en cuanto a lo limitadas que deben ser las restricciones a la libertad de expresión cuando se busca proteger los derechos de propiedad intelectual.

El mes de junio fue testigo de la prórroga que otorgó la COFETEL para que el apagón analógico de Tijuana se llevara a cabo hasta el 18 de julio. También fue el mes en el que Internet Society capítulo México se opuso a una propuesta legislativa surgida en el congreso de Nuevo León con la intención para combatir el cyberbullying, pero con incentivos para violar el derecho a la libertad de opinión y expresión. Sobre todo, fue el mes en que fue dado a conocer el programa de espionaje PRISM de la NSA de Estados Unidos. A la postre, se sabría que ese gobierno no es el único que realiza espionaje en Internet.

Los aspirantes para integrar el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones, fueron dados a conocer en julio. Los siete elegidos fueron designados en septiembre, con la ratificación del Senado de la República. También en septiembre fuimos testigos de la dura reacción del gobierno brasileño ante el espionaje de la NSA estadounidense. Esta reacción fue apreciada por su firmeza, pero criticada por buena parte de la comunidad técnica de Internet, ya que se inclina por una mayor intervención gubernamental en la gobernanza de Internet global.

Justamente a inicios de noviembre fue llevado a cabo el evento «Diálogos sobre gobernanza de Internet», que consiguió reunir en un mismo foro a un vasto conjunto de representantes de diversos actores del ecosistema mexicano de Internet, siguiendo el modelo de múltiples partes interesadas, o multistakeholder. También fue el mes en que Wikileaks filtró el capítulo de propiedad intelectual del TPP, confirmando las preocupaciones de la comunidad de Internet acerca de las agresivas medidas propuestas en el tratado, las cuales pueden resultar perjudiciales para Internet.

El año en México cerró con la presentación de la Estrategia Digital Nacional (EDN), que promete llevar a México a la digitalización. También llegó la iniciativa de reforma al marco legal en materia de propiedad intelectual, una insensatez conocida en Twitter como #LeyBeltrones.

2014 será un año para dar continuidad a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y a las estrategias gubernamentales diseñadas para abatir la brecha digital, así como para buscar preservar la naturaleza libre y abierta de Internet, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales que buscan lo contrario bajo diversos pretextos. Todo lo cual dará para muchos telecomentarios.

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