Como es del conocimiento público, el lunes el gobierno federal decidió enviar tropas del Ejército en diversos municipios de Tierra Caliente, Michoacán, con el propósito de desarmar las guardias comunitarias de autodefensa.

Según algunos comentaristas se trató de una decisión correcta dado que el Estado no puede permitir la existencia de organizaciones armadas en ningún punto del país.

A nuestro parecer se trata más  bien de una medida totalmente irresponsable por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien, en lugar de esforzarse por buscar una solución política al problema que enfrentan los municipios citados, prefirió recurrir a la medida más fácil: la salida militar.  Aunque, estrictamente hablando, tal vez no sea precisamente una “medida fácil”, ya que todo parecer indicar que las guardias comunitarias están ofreciendo una tenaz resistencia.  De acuerdo al diario Reforma, en una primera incursión  –de acuerdo a fuentes castrenses—“los soldados fueron repelidos y acorralados por decenas de simpatizantes de las autodefensas” (Vid. Reforma, 14 de enero de 2014).

Otros medios aseguran que el Ejército ya logró imponer un control total.

Sea lo que fuere, el gobierno federal debió haber agotado la vía de la negociación, máxime tomando en cuenta –como lo indicamos en este mismo espacio, en nuestra entrega anterior—que los guardias comunitarias en ningún momento emitieron alguna declaración de guerra contra el Estado, sino contra los grupos de narcotraficantes –como es el caso de los llamados “Templarios”—que tienen asolada esa región.

He ahí otro yerro fenomenal de la administración peñanietista: en lugar de extirpar el cáncer que corroe el tejido social de las comunidades de referencia  —esto es, la violencia  de los grupos paramilitares—  ¡decide combatir a en su lugar a las mismas comunidades, sin importar al respecto que ello traiga consigo una exacerbación del clima de violencia que las mismas padecen desde hace varios años, si es que no décadas!


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Si algo pusieron de relieve las experiencias funestas de exterminio militar—como la llamada “Guerra Sucia”—que el país presenció en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado, fue que el derramamiento de sangre no conduce a la recomposición del tejido social:  por el contrario, termina por generar un ambiente sórdido y envenenado que provoca el exacerbamiento de las contradicciones políticas y sociales, situación que a corto y mediano plazo es muchísimo más peligrosa  para la sociedad y el conjunto de las instituciones que el predominio del conflicto.

¿Qué proclamarán las “partes de guerra”?… ¿Que ya se logró vencer a los “delincuentes”?…. ¿Que ya el Estado logró “desarmar al enemigo”?

Lamentamos que nuevamente el Estado decida empañar el prestigio y el honor del Ejército Mexicano, institución a la que todos respetamos por estar constituida por ciudadanos honorables y humildes (al igual que la mayoría de nuestros compatriotas).  Esperamos que sus altos mandos eviten, en la medida de lo posible, que el gobierno de Peña Nieto les pase la factura de la mediocridad e incapacidad de su administración, de manera similar a como hizo el inefable ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

El asalto militar contra las guardias comunitarias demuestra lo erróneo de la tesis del Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien sostiene que las mismas “tienen patente de Estado”. En un comunicado aparecido en su página web,  el pasado viernes 10 de enero, el EPR aseguró que:

Los grupos de autodefensa o guardias comunitarios…son manejados desde las distintas zonas militares: son paleros y marionetillas que rinden parte en el cuartel”.

Y agregó que las integrantes de dichas guardias “son de la misma estirpe y están lacrados con el mismo fierro que el Ejército, la Policía Federal y la Marina….Son grupos organizados y estructurados bajo la lógica del paramilitarismo ramplón del siglo XXI, grupos de mercenarios que han sido adiestrados conforme a los manuales de la contrainsurgencia, elaborados por patrocinadores internacionales del terrorismo paramilitar contrainsurgente, es decir, el imperialismo estadounidense” (Vid. Reforma,  10 de enero de 2014).

Con todo el respeto que nos merece el EPR, los hechos recientes deberían obligarlo a recapacitar acerca de tales señalamientos (que, por lo demás, se limitan a puras acusaciones, sin ninguna demostración o fundamento).

Quien esto escribe está convencido de que las guardias multicitadas son una expresión inequívoca del malestar que impera en varias regiones del territorio mexicano –sobre todo Michoacán y Guerrero—debido al abandono y postración que sufren por parte del Estado, situación que se agrava ante el acoso de que son objeto por parte de los grupos paramilitares.