Este 31 de enero con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reformas a la Constitución en materia político–electoral se concluye el proceso legislativo y se da validez a dichas reformas, dentro de las que se encuentran temas como la reelección de legisladores locales y federales, así como de presidentes municipales, la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral que será ahora responsable tanto de elecciones locales como federales, y de nombrar a los integrantes de los organismos electorales locales, con esta reforma se aumenta a 3% el porcentaje de votación requerido para que los partidos conserven el registro, se incluye el rebase de tope de gastos de campaña como una causa de nulidad de la elección, y la obligación de garantizar la paridad en las candidaturas a legisladores, entre otros temas.
Aunque el objetivo del presente análisis no es entrar a detalle en los temas de esta reforma, si advierto que mi posición con respecto a la misma es que se trata de una reforma que está muy lejos de contribuir al avance democrático de nuestro sistema político, pues es el resultado de una acuerdo político entre cúpulas partidistas, que responde -como ya es costumbre en cada reforma electoral- a asuntos de carácter coyuntural, que por un lado habla de promover la participación ciudadana, pero por otro lado le pone tantas trabas que sólo alejará más a la ciudadanía de las decisiones que le corresponden, y que además por las formas y prisas en que se aprobó, está llena de galimatías, enredos y complicaciones que difícilmente operará de manera regular para el siguiente proceso electoral federal del 2015, favoreciendo con ello a la clase gobernante.
En pocas palabras, es una reforma que sólo vendrá a reforzar a un sistema de partidos poco democráticos, donde las cúpulas o burocracias seguirán decidiendo quienes ocupan los cargos de elección popular, y los temas que se legislan. Sin embargo, aún queda una oportunidad de incidir, y habrá que dar seguimiento a la legislación secundaria que se debe concluir antes del 30 de abril, para incorporar mecanismos que promuevan un voto razonado, que acaben con la mercantilización de las elecciones y fortalezcan el derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas que le corresponden. Difícil, considerando la actual composición de las cámaras.
No obstante, un proceso que alienta mi esperanza en que las decisiones legislativas no son inamovibles, o que no dependen exclusivamente de los acuerdos partidistas, es el que se dio con la inclusión de la Paridad como principio constitucional en el texto de esta reforma. Por lo que considero importante hacerlo visible, pues ante lo controversial que han resultado varios de los temas de la reforma político-electoral, el de la paridad ha pasado prácticamente inadvertido.
En el artículo 41 Constitucional se incorporó la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Con tal disposición, a partir de la declaración de validez de la reforma, cada uno de los partidos políticos deberán integrar las listas de sus candidaturas a legisladores locales y federales, tanto de mayoría, como de representación proporcional, de manera paritaria, es decir con 50% de candidaturas de mujeres y 50 de hombres.
Este avance en los derechos político-electorales de las mujeres, en medio de tantos otros retrocesos que se imprimieron por acuerdo partidista en la reforma político-electoral, se pudo dar gracias al trabajo conjunto y plural de las Senadoras que lograron incorporar en el acuerdo la inclusión del principio de la paridad. Lucharon por ir más allá, para que la paridad alcanzara no sólo espacios de representación legislativa, sino incluir a los demás poderes en sus diferentes ámbitos, pero al menos lograron dar un paso trascendental al incorporar la garantía a nivel de las candidaturas a legisladores.
Pero además del avance en sí mismo, lo interesante es transparentar cómo fue posible este acuerdo que incluyera la paridad. Las mujeres que nos dedicamos a la política no somos ajenas a las resistencias que hay con respecto al tema. Más allá de la posición pública que asumen los políticos, debajo de la mesa o al interior de la casa –los partidos- la incorporación de las mujeres a espacios reales de toma de decisiones políticas está llena de jaloneos, y de violencia política, velada o abierta, que mina la participación política de las mujeres y dificulta nuestro acceso a los cargos de representación y de toma de decisiones públicas. Por ello, es importante visibilizar que hubo al menos dos elementos clave para lograr la incorporación de una demanda de las mujeres en la reforma política recientemente aprobada, y estos son la pluralidad, y el porcentaje de legisladoras.
En cuanto a la pluralidad, las mujeres han dado muestra en una y otra ocasión, que si se ha logrado avanzar en temas relevantes para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, ha sido gracias a que las mujeres hemos tenido la capacidad de hacer alianzas estratégicas, entre nosotras, con ellos, y con la sociedad civil. Sólo así, por ejemplo, se puede tener hoy en día leyes que incorporan la visión de igualdad entre los géneros, siendo las mujeres aún una minoría representativa en las cámaras.
Sin embargo, otro elemento clave en esta ocasión fue el porcentaje de legisladoras en el Senado lo que terminó por influir en la posibilidad de incorporar el principio de paridad en la reforma constitucional. Como sabemos, las reformas a la Constitución requieren para su aprobación, en una primera instancia, contar con el voto de las dos terceras partes del Congreso. En el caso de esta reforma político-electoral, la cámara de origen fue el Senado, y ahí hay 44 mujeres Senadoras, lo que representa el 34.4% de la integración del Senado, es decir más de una tercera parte. Este porcentaje de Senadoras era decisivo si se trataba de aprobar una reforma constitucional, y las Senadoras lo hicieron valer para lograr el acuerdo.
No está de más recordar, que esta LXII legislatura es la que cuenta con el mayor número de mujeres legisladoras en ambas cámaras, debido al cumplimiento de una Sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obligó a los partidos a cumplir con las cuotas de género. Dicha sentencia, no es casualidad, promovida precisamente por una red de Mujeres en Plural, quienes hemos seguido trabajando por avanzar en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. La enseñanza es que las mujeres podemos inclinar la balanza de las decisiones, y para ello baste ver el resultado de trabajar de manera conjunta y con un mismo objetivo, como fue incluir la paridad en la Constitución.
