Este 5 de febrero se conmemora el 97 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, considerada como la primera constitución social del Siglo XX en el mundo, que incorporaba las principales demandas que dieron origen a la Revolución Mexicana.
Sin embargo y a la luz de las evidencias, a 97 años de distancia de este proyecto constituyente, no hay nada que celebrar. Por el contrario, con las recientes reformas aprobadas, se ha venido a dar el tiro de gracia a la moribunda Constitución de 1917, y parece que más que llegar a la conmemoración de la promulgación de este ideario de país, estamos llegando a su funeral.
Para documentar nuestro optimismo, revisemos los contenidos originales y las reformas que se han impulsado.
El congreso constituyente, convocado por Venustiano Carranza, realizó una serie de reformas a la Constitución de 1857, para dar paso a la de 1917. En ella se definieron garantías individuales y se reconocieron derechos sociales como los laborales con jornadas de trabajo de máximo ocho horas, derecho a huelga y a la organización de los trabajadores; educativos con el derecho a la educación laica y gratuita, así como las libertades de culto y expresión.
Se estableció en el artículo 27, el dominio de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio, definiendo las modalidades de propiedad privada y el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población que harían uso de las tierras ejidales, con lo que se estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Dando con ello respuesta a la demanda del movimiento encabezado por Zapata, que postulaba que la tierra era para quien la trabaja.
El Constituyente de 1917 ratificó como forma de gobierno la republicana, representativa, demócrata y federal; refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, aunque este último dejó se dividió en dos cámaras, la de Diputados y Senadores. Se reafirmó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección, suprimiendo la vicepresidencia y dando mayor autonomía al Poder Judicial, más soberanía a los estados de la República, y estableciendo el municipio libre. Así daba respuesta a otra de las grandes demandas que originaron la Revolución, la exigencia del cambio de régimen a consecuencia del poder ejercido por Porfirio Díaz, durante casi 30 años, en la Presidencia de México a favor de las clases más favorecidas a costa de campesinos y obreros.
Si bien, la mayoría de los “gobiernos emanados de la Revolución” no hicieron más que usufructuar las bondades de este proyecto de nación inscrito en nuestra Constitución Política, fue a partir de la llegada de los neoliberales, a mediados de los años ochenta, con sus afanes renovadores, que se comenzó a sepultar este proyecto, con la venta de un anhelo modernizador, que a la vuelta de 30 años, ha demostrado no ser más que un intercambio por espejitos, ya que las condiciones de pobreza en que se encuentran las mayorías, lejos de mejorar han empeorado.
Fue Salinas de Gortari, en la presidencia de la República, con su “liberalismo social” quien impulsó el mayor número de modificaciones constitucionales, destacando las reformas a los artículos 3, 5, 27, 28, 82 y 130. Con estas reformas se retomaron las relaciones de la Iglesia y el Estado Mexicano, reconociéndoles personalidad jurídica a las iglesias, y se reformó el artículo 3º para permitir que el Estado otorgara consentimiento a las escuelas particulares para incluir explícitamente contenidos religiosos en sus actividades educativas. Con la reforma al artículo 82 se introdujo la posibilidad de que no sólo mexicanos de nacimiento e hijos de padres mexicanos pudieran ocupar la presidencia de la República, lo que permitió años más tarde la llegada de Fox a la silla presidencial.
De las reformas impulsadas en el sexenio de Salinas de Gortari, la más sonada es la reforma al 27, ya que ésta significó el fin del reparto agrario y el abandono del campo mexicano a su suerte, ahondando la precariedad que de por si había venido arrastrando. El anuncio de profundas reformas constitucionales y a las leyes en materia agraria para hacer posible la venta de los ejidos fue hecho por Salinas de Gortari durante su tercer informe de gobierno en noviembre de 1991, y para el 12 de diciembre de ese año eran aprobadas en el Congreso y promulgadas el 6 de enero de 1992. Como se puede ver, el modelo de legislar vía fast track es característico de este grupo en el poder, además de que parece gustarles la fecha del 12 de diciembre para avanzar en sus proyectos.
Las reformas de corte neoliberal han continuado, siendo el actual gobierno el que viene a coronar el proyecto de desmantelamiento del Estado Mexicano, y dar el tiro de gracia al ideario del Constituyente de 1917. En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto se han impulsado reformas legales y constitucionales que terminan por traspasar la soberanía del Estado a manos privadas. Así se han concretado las reformas laboral, educativa, de telecomunicaciones, la energética y la política. Todas ellas con el fin de limitar derechos, desmantelar las funciones de estado y rematar la riqueza del país.
Sin embargo, es importante hacer énfasis en una que, ante la gravedad que representan las otras, ha sido opacada, y es la reforma político electoral, que muy lejos de ampliar los causes de participación ciudadana vienen a fortalecer a las cúpulas partidistas instaurando una partidocracia, y acaba con el principio de la no-reelección, pilar de nuestro sistema político, que lo único que permitirá es que las cúpulas partidistas puedan imponer una y otra vez a legisladores y cabildos a través de los cuales seguir impulsando sus intereses.
No está por demás decir además, que se ha hecho evidente la supresión de los poderes de la Unión, sujetos a las decisiones del Ejecutivo. En poco tiempo hemos desandado por cada una de las luchas, batallas y conquistas de quienes nos precedieron. ¿Día de la Constitución? ¿Cuál Constitución?
