Cuando Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en marzo de 2013, el ambiente político era totalmente distinto al que se vive en la actualidad. Salvo algunos problemas menores, el Pacto por México parecía funcionar cabalmente. La iniciativa creó altas expectativas, luego de los compromisos asumidos por las dirigencias de las principales fuerzas políticas del país. En suma, el panorama era positivo y podría decirse que incluso festivo.
Hoy, el escenario parece haber cambiado radicalmente. La iniciativa de legislación secundaria remitida por el Ejecutivo al paralizado Congreso llega tarde, ya que debió haber sido aprobada desde principios de diciembre. Además es recibida cuando las dos principales fuerzas de oposición se encuentran en el proceso interno para la elección de su dirigente nacional. Incluso los analistas que celebraron las modificaciones a la Constitución ahora critican el texto presidencial.
La opacidad en la elaboración es la única constante entre la reforma constitucional y su legislación secundaria. En palabras del documento remitido al Senado el martes, en la preparación de la iniciativa estuvieron involucradas diversas dependencias del gobierno federal y fueron tomadas en cuenta las opiniones de varios actores de la sociedad en general. Las aportaciones en cuestión no son públicas, como no las fueron las que en su momento llevaron a la iniciativa de reforma constitucional.
El periodo ordinario en el Congreso de la Unión finaliza el 30 de abril. Esto implica que restan poco más de 10 sesiones para que tanto senadores como diputados analicen, reúnan opiniones de los actores interesados, adecúen el texto presentado y aprueben la nueva ley. Parece complicado, pero basta recordar que el proceso legislativo de la reforma constitucional incluyó varias sesiones que se extendieron hasta la madrugada.
Al menos, de inicio, los dirigentes del PAN y del PRD descalificaron la iniciativa el mismo día que fue presentada. Sin embargo, esto no significa que los legisladores de ambos partidos se comportarán igual. Al menos el senador Lozano ha dejado muy en claro en su cuenta de Twitter que no será así.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pronunció por un proceso legislativo rápido. El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República indicó que no habrá fast track. Por algunas preocupantes medidas que son materia de otro análisis, el deseo de muchos es que los legisladores se tomen su tiempo para producir una legislación que incorpore de manera efectiva los puntos de vista de todos los actores interesados. Incluso de aquellos que no tuvieron oportunidad de participar en la redacción inicial.
