En la entidad es visible el aumento del turismo sexual a través de la trata, puesto que sólo basta observar en los alrededores de la ciudad, la proliferación de antros, bares y clubes de hombres que proliferan a las entradas de Puebla, Cholula, San Martín, Tehuacán, Atlixco, entre otros, opina Lourdes Pérez Oseguera.
La integrante del Observatorio de Violencia Social y Género de la Ciudad de Puebla de la Universidad Iberoamericana (Ibero Puebla), precisa –sin ofrecer estadísticas u otros datos– que este fenómeno social se presenta también en los municipios que colindan con los estados de Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Morelos.
A este problema, dice, se suman denuncias de pornografía infantil que colocan a Puebla en el quinto sitio a nivel nacional en este rubro.
Destaca que la violación sexual es otro grave problema al que no se le ha dado atención que requiere; lo que ha generado, incluso, recomendaciones de derechos humanos al Estado Mexicano.
Hace ver que, además, cada vez resulta más frecuente el hablar de la incursión del crimen organizado en diversos municipios de la entidad, como son la zona norte, en donde se colinda con el estado de Veracruz; al sur con los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca.
Violencia contra la mujer
Por otra parte, la responsable del Programa de Género y VIH de este organismo asegura que es necesario establecer una amplia campaña de sensibilización para poner término a la violencia de género, que abarca la violencia sexual y el femenicidio.
Explica que se ha podido constatar también que a través del seguimiento hemerográfico, que ambos fenómeno están presente tanto en la capital del estado como en el interior.
A las mujeres se les priva de la vida como una forma de escarmiento, sin dejar de lado que el femenicidio es un crimen de odio, delitos que son perpetrados por el esposo, el compañero, el amante, el ex esposo, novio, ex novio, así como también por algún miembro de su familia como hermano, padre y hasta descendiente y en el menor de los casos por un desconocido”.
Explica que en algunos casos hay antecedentes de registro de violencia, donde las autoridades no actúan de acuerdo a la ley, porque faltan pruebas o bien porque la mujer no llego a las instancias ministeriales con marcas evidentes o rastros de sangre.
Asegura que con base en investigaciones del propio Observatorio de Violencia Social, se ha podido determinar que no existen protocolos de actuación para atención a las víctimas; por ello la insistencia en su creación, a pesar de que las autoridades aseguran que ya se cuenta con ellos, cuyo funcionamiento, dice, es discrecional.
Refiere también que se desconoce si estos protocolos a iniciativa federal, encuentren difusión entre las mismas autoridades del Poder Judicial, si los conocen y son una herramienta en el momento de atender y de juzgar, como en muchos casos se deja a la voluntad de un operador o funcionario.
Destaca que falta mucho para que operadores y funcionarios se incorporen a la descriptiva de género en su actuar, tanto en la atención como en los demás procesos judiciales.
Respecto al tema de la desaparición, Pérez Oseguera, asegura que la situación es compleja, dado que el concepto como tal sólo se contempla cuando es desaparición forzada.
En el caso de las mujeres, puntualiza, el registro de denuncia por desaparición queda a voluntad del operador.
Desaparición, extravío o desaparición voluntaria, no ha habido una debida diligencia sustantiva en el pacto de la garantía de los derechos humanos, considerando que de parte de las autoridades nunca se investiga la relación que puede guardar la desaparición de la niña, de la joven o de la mujer, con la violencia de género en el entorno familiar o comunitario de las mismas”.
