En el Diálogo en el infierno de Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly, el primero le dice al segundo: “Si vais a buscar cargos contra la prensa os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para que puede servir, es otra cosa. Impide sencillamente la arbitrariedad en el ejercicio del poder”.
A lo que Maquiavelo responde: “Si decidiera pura y simplemente suprimir los periódicos, enfrentaría con grave imprudencia la susceptibilidad del público, y siempre es peligroso desafiarla públicamente; mi intención es proceder por medio de una serie de disposiciones que parecerán “simples medidas de cautela y vigilancia” (Vid. Seix-Barral, México, 1979, págs. 100, 101).
Evoco tales frases a propósito de la difícil situación que enfrenta la prensa nacional y estatal –y en general los medios informativos, sobre todos los críticos —en nuestros días. Hace unos días la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), presentó el informe “La Compra de la Obediencia: Publicidad Gubernamental y Censura Indirecta en México (Buying Compliance: Governmental Advertising and Soft Censorship in Mexico)”, elaborado en colaboración con las organizaciones nacionales Fundar y Artículo 19. Ahí se señala que “La prensa mexicana vive bajo una censura indirecta ejercida por los Gobiernos federal y estatales, a través de la asignación de la publicidad oficial: mientras a los medios críticos se les castiga retirándoles el pago de anuncios (…) “una cobertura favorable se recompensa con compra de espacios, lo que afecta directamente en el papel que deben jugar en la democracia”.
Y se agrega: “Las conclusiones son poco alentadoras: aunque el sistema de censura que existió durante el primer régimen del PRI quedó atrás, aún persisten algunos remanentes como es el uso de la publicidad oficial para ejercer presión sobre los medios de comunicación”. El informe plantea que esta censura indirecta ha sustituido a las denuncias o encarcelamientos contra periodistas (Vid. Rafael Cabrera, Animal Político, 26 de marzo de 2014).
Los responsables de esto, subraya WAN-IFRA, son tanto los líderes políticos mexicanos como los dueños y directivos de medios de comunicación. Vicente Pereygne, director de la asociación, advierte sobre esta mordaza: “Aunque menos visible que la terrible violencia contra periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocido por la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo. A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de la indignación internacional” (Vid. Central CT, 26 de marzo de 2014).
Por su parte, Artículo 19 y Fundar han documentado que durante el primer semestre de 2013, es decir, el primer semestre de Peña Nieto en el Gobierno, se usaron al menos 700 millones de pesos en publicidad oficial sin reglas claras para su asignación.
En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle (RMV) continúa adoptando iniciativas encaminadas a controlar los medios de comunicación. Según el columnista Alejandro Mondragón, ahora intenta aplicar un “tripack” encaminado a convencer al gobierno municipal y a la BUAP acerca de la necesidad de coordinarse con su administración para establecer determinadas reglas en lo concerniente a la publicidad (Vid. Status, 10 de abril de 2014).
Lo anterior obedece a que algunos medios, gracias al apoyo de nuestra máxima casa de estudios y del gobierno municipal, han logrado sobrevivir a la asfixia financiera que les impuso RMV. Así las cosas, tal como escribe Ernesto Aroche Aguilar, “Si en la primera mitad del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle el control de los espacios políticos fue uno de los signos característicos, según han referido varios politólogos, en la segunda parte de la administración del panista el control será aún más férreo, pues en la agenda del mandatario la prioridad es sólo una: la construcción de su virtual candidatura para el proceso presidencial de 2018. Y en esa necesidad política de controlar espacios algunos medios de comunicación se le han escapado a Moreno Valle. Durante tres años varios medios impresos, portales y programas radiofónicos han sorteado el cerco financiero, impuesto por resultarle incómodos, a través de otros tipos de financiamientos públicos: el Ayuntamiento capitalino y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)” (Vid. Ernesto Aroche Aguilar En Lado B, 19 de enero 2014).
En la puesta en marcha del “tripack” —de acuerdo a Mondragón– están desempeñando un papel protagónico Fernando Alberto Crisanto, vocero de RMV, y el director de prensa del ayuntamiento de Puebla, Marcelo García Almaguer.
Estamos convencidos que la BUAP (que siempre se ha distinguido por tener su propia política hacia los medios de comunicación, de acuerdo con la autonomía universitaria) pero es muy posible que el alcalde Tony Gali sí lo acepte.
Mientras tanto, ha llegado la hora de que las fuerzas democráticas y progresistas de nuestra entidad salgan en defensa de libertad de expresión, tarea que se ha dejado sólo en manos de instancias como Amedi y otras instituciones defensoras de los derechos humanos y las libertades políticas.
