Mientras el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció el impulso de la Ley de Sociedad de Convivencia para Puebla, organizaciones civiles utilizarán mecanismos judiciales para que el gobierno reconozca el derecho de la comunidad no heterosexual a los “matrimonios igualitarios”.

Marco Antonio Moreno Rosado, director jurídico del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), informó que los colectivos poblanos se sumarán al movimiento nacional llamado “Matrimonio Igualitario México”, que ha iniciado amparos al respecto.

Explicó que se hará a través de parejas que solicitarán su matrimonio ante el Registro Civil; al ser negado, acudirán a juicios de protección de garantías y llevarán los asuntos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Indicó que aún no existe fecha para emprender esta lucha legal; pero podría hacerse en el cuarto trimestre del año, si se consiguen los financiamientos necesarios.

Durante una entrevista con Poblanerías en línea, argumentó que la estrategia –ya aplicada en 20 estados de la República– se adoptará en Puebla porque de otra forma, nunca se habilitará la posibilidad de acceder a ese derecho.

Mencionó, por ejemplo, que los diputados locales manifestaron su negativa rotunda a impulsar el tema desde el Congreso estatal, aún cuando los colectivos a favor de los derechos sexuales no habían mencionado el tema.

Agregó que ha faltado voluntad política para analizar el matrimonio como una figura que en los términos actuales, ha sido declarada inconstitucional para muchas entidades federativas.

También expuso que se ha rechazado la opción de discutir algo que, al final, se trata de un derecho optativo.

Las personas eligen casarse o no. Entonces, quien no elige el matrimonio está muy bien, que no se case; pero debe existir la opción y el resto lo decidirán las personas; pero debe existir una condición de igualdad en nuestro país”.

Por esa razón, el activista subrayó que los colectivos han decidido pasar de manifestaciones públicas, como las marchas y protestas, al uso de los instrumentos legales que se abrieron tras la reforma en materia de derechos humanos de 2011.

Sociedad de convivencia, otro tipo de discriminación

Cuestionado sobre la posibilidad de una Ley de Sociedad de Convivencia, Marco Antonio Moreno dijo que una iniciativa de ese tipo no termina con la segregación para la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual y Transgénero (LGBTT).

Esos son eufemismos legislativos (sic); al final, es una política discriminatoria legislativa. Es decir: ustedes tienen su figura y los heterosexuales tienen la suya, y tiene que ver con la sacralidad del matrimonio. No le quitamos el tinte religioso, de credo, que tiene el matrimonio y eso viola el estado laico”.

Recordó en ese contexto, que las recomendaciones hechas por el Vaticano a México en esta materia, fueron rechazadas gracias a los juicios de amparo que ya se han resuelto en otros puntos de la nación y no por acciones del Poder Legislativo.

No es un asunto urgente

Moreno Rosado reconoció que los matrimonios igualitarios no son un asunto urgente para la comunidad LGBTT; toda vez que antes, deben resolverse asuntos que atentan directamente contra la integridad de la gente no heterosexual.

Recordó que la Ley Agnes, que busca la aplicación de identidades sexogenéricas y el reconocimiento de cambio de sexo, permanece en los archivos del Poder Legislativo, luego que los diputados de la LVIII Legislatura nunca aceptaron darle entrada.

Sin embargo, apuntó que en el momento en que se acepte una discusión en relación a los también llamados “matrimonios gay”, cambiará la forma en que gobierno y sociedad traten a esta parte de la población.