Las comisiones del Senado que se encargarán de dictaminar la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones se dicen listas. En la ruta trazada, la propuesta de Enrique Peña Nieto sería analizada, discutida y aprobada a más tardar el 25 de abril.
Para la primera fase han sido convocados, de manera preliminar, 51 ponentes. Los invitados aportarán sus conocimientos y experiencia tratando de incidir en el análisis de la propuesta. A pesar del gran número de participantes, la pluralidad de los foros no está garantizada.
En particular, inquieta la ausencia de voces especializadas en gobernanza de Internet y ejercicio de derechos digitales. La preocupación radica en las descabelladas propuestas contenidas en la iniciativa de ley:
Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:
(…)
III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad;
(…)
Artículo 189. (...) los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real, de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos en quienes se delegue esta facultad para el ejercicio de sus atribuciones propias de producción de inteligencia(...)
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a permitir, que las autoridades facultadas por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas les soliciten(...)
Artículo 197. Además de las anteriores obligaciones, los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados deberán:
(...)
VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.
(...)
En resumen: la validez legal del espionaje, la vigilancia y la censura. El visto bueno a que se cometan violaciones a los principios técnicos de Internet y en contra del ejercicio de derechos humanos en línea. Y eso que México dice no ser un Estado totalitario.
Vale la pena recordar que este no es el único tema preocupante de una iniciativa que pretende regular tanto a los servicios de telecomunicaciones como a la radio y la televisión abierta. Sin embargo, el ejercicio de derechos digitales parece ser uno de los más desatendidos.
No está claro si le alcanzará al Congreso la voluntad política para frenar este abuso. En el Senado, el PRI con el PVEM y Nueva Alianza tienen prácticamente la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa, incluso sin cambios. En la Cámara de Diputados, el panorama es más desalentador.
