Como parte de las Leyes Secundarias, el Poder Ejecutivo presentó las nuevas Leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante las cuales se busca dar cumplimiento a la meta de convertir a estas instancias en Empresas Productivas del Estado.

De acuerdo con el documento que fue entregado a los legisladores, dichas iniciativas buscarán plasmar la nueva vida corporativa y organizacional que tendrán tanto Pemex como la CFE, a partir de una profunda y puntual revisión de su regulación.

Lo cual se llevará a cabo conforme a seis ejes que plantean como son la definición de empresa productiva del Estado como nueva figura, con régimen jurídico especial; el nuevo papel del Estado como propietario; y un gobierno corporativo sólido y eficaz.

Asimismo, se propone un marco jurídico flexible y que obedezca al principio de máxima autorregulación; un rediseño integral de los esquemas de vigilancia y auditoría; así como nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

De estos ejes se destaca el planteamiento de que Pemex y la CFE, como empresas productivas del Estado, se organizarán y funcionarán conforme a sus propias leyes, bajo un régimen especial y particular para cada una de ellas en las distintas materias previstas en el documento.

Además, bajo la figura de empresas productivas del Estado, éstas deberán acompañarse del desarrollo normativo referente a su régimen especial.

En cuanto al papel del Estado como propietario y no como administrador, se re conceptualiza el papel que tiene éste en las empresas, de manera que deje de ser su “administrador principal” y se asuma como propietario.

De esta manera el gobierno, como dueño, no participará en las operaciones cotidianas de la empresa y ésta a su vez tomará sus decisiones de manera autónoma con base en lógicas empresariales y de negocios, alejada de presiones políticas y coyunturales.

Con respecto al planteamiento de un gobierno corporativo conforme a mejores prácticas, señala que el corazón de la reforma a Pemex y CFE se encuentra en el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo moderno que abarque todos los aspectos necesarios para el adecuado y óptimo desempeño de las empresas estatales.

Asimismo, al exponer la iniciativa de un marco jurídico flexible, bajo principios de derecho privado y de mínima regulación, señala que uno de los retos más importantes en esta materia es la necesidad de que a una institución de origen público le sea aplicable el derecho privado.

Lo anterior significa que, a partir de su trasformación, las empresas estatales deberán operar bajo principios de derecho privado y no público; situación que, de igual forma, tomarán en cuenta los órganos fiscalizadores competentes y los distintos órganos jurisdiccionales, al ejercer sus respectivas atribuciones.

Además, al proponerse un nuevo modelo de vigilancia y auditoría, la iniciativa detalla que la transformación de Pemex y CFE, así como las adecuaciones de sus gobiernos corporativos deben ir acompañadas de un rediseño del esquema de vigilancia, auditoría y control que se instrumente en las empresas.

Para ello se busca devolver al Consejo de Administración de las empresas, la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño, de manera que sea éste el que conduzca y supervise las labores de auditoría interna.

Además, propone que el sistema de control interno sea responsabilidad del Director General, bajo la conducción del Consejo de Administración; en tanto que la función sancionatoria estaría encomendada a un órgano independiente denominado Unidad de Responsabilidades.

Finalmente, para el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas la iniciativa agrega que ambas empresas están sujetas a las mismas obligaciones sobre difusión de información que las dependencias gubernamentales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Además ambas empresas deberán cumplir con las disposiciones sobre revelación de información derivadas de la Ley del Mercado de Valores, así como están sujetas a las obligaciones sobre transparencia y revelación de información que tienen otras empresas públicas “por ser propiedad de todos los mexicanos”.