¿Por qué cada vez que en Puebla hay un tufo a intereses ilegítimos, corrupción y podredumbre inmediatamente surgen los nombres de Mario Marín, sus allegados y algunas organizaciones del PRI como los involucrados en el problema? Tal vez porque en la gran mayoría de las ocasiones son priístas los usufructuarios del caos, como el que prevalece en el transporte público de Puebla y su zona metropolitana.

Es lógico que los diputados locales del PRI, Pablito Fernández del Campo y Víctor Giorgana Jiménez, se hayan opuesto al rescate de RUTA y, sobre todo, a que el gobierno de Rafael Moreno Valle tenga facultades para reordenar el transporte público, ya que el “góber precioso” y varias organizaciones priístas son de las principales beneficiarias de la saturación de unidades, rutas viejas y micros, camiones y combis destartalados que circulan por la capital todos los días.

Es del dominio público que el ex candidato del PRI por San Pedro Cholula, Sergio Galindo, es –junto al ex secretario del Transporte del “góber precioso”, Valentín Meneses– uno de los beneficiarios de la ruta Bicentenario, creada durante el marinismo, como lo publicó el columnista de Cambio, Arturo Rueda.

La “RUTA preciosa”

Pero no solamente el “Vale” se habría beneficiado al darse a sí mismo concesiones del transporte a diestra y siniestra desde la SCT en el sexenio de Mario Marín, debido a que el mismo “góber precioso” fue señalado por transportistas como el “verdadero dueño” de las nuevas rutas del sur, a quien acusaron de actuar a través de supuestos prestanombres, como Delfino Reyes Bocardo e Ignacio Morales Paz, representantes de organizaciones del transporte público (Imagen Poblana, 11 de abril 2012).

Operadores del transporte acusaron a Marín Torres y a Vale Meneses de estar detrás de la ruta Mayorazgo, que durante el sexenio marinista vivió un verdadero boom que saturó el servicio en zonas de por si conflictivas para los pasajeros, como Amalucan.

En este contexto, es fácilmente entendible por qué Pablo Fernández del Campo y Víctor Giorgana se opusieron tan vehementemente a la nueva ley del Transporte. El todavía presidente estatal del PRI fue regidor, diputado local y coordinador de la campaña de Mario Montero por la capital durante el marinismo y, por si fuera poco, fue el que operó para que el transportista Sergio Galindo se convirtiera en candidato priísta en San Pedro Cholula, donde afortunadamente fue derrotado, mientras Giorgana Jiménez fue de los pocos allegados al ex gobernador Melquíades Morales que desde un principio se sumó al proyecto de Mario Marín Torres.

Antorcha Campesina, CNC, CTM, FROC, CROM, organizaciones del PRI con intereses en el transporte público

Incluso, se debe mencionar que la llegada y el crecimiento de RUTA y, sobre todo, el ordenamiento del transporte público buscado por el actual gobierno estatal, atacan los intereses de varias organizaciones del PRI, cuyos miembros tienen concesiones de este tipo en la capital o en el interior de la entidad.

Prácticamente todas las organizaciones corporativas priístas utilizaron las placas del servicio público de pasajeros, como moneda de cambio para comprar seguidores y hacer negocio. Así, la CTM de Leobardo Soto, Antorcha Campesina de Aquiles Córdoba y la CNC de Maritza Marín Marcelo son de las asociaciones del tricolor con decenas de unidades.

Y en el mismo caso están el Consejo Taxista de Pedro Díaz García –quien ha sido candidato del PRI en varias ocasiones– la FROC-CROC de los hermanos Sánchez Juárez y hasta la CROM, que en la zona de Atlixco tiene monopolizado el negocio desde hace décadas.

Este contexto explica claramente por qué el “góber precioso”, sus allegados como Valentín Meneses y el PRI como partido tienen que ser –forzosamente– los primeros en oponerse a que, por fin, un gobierno ponga orden en el transporte público y lo modernice.

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