CCHasta el año 2011, Puebla se encontraba en la lista de las principales ciudades donde se practica la prostitución infantil.

Teresa Ulloa, quien en ese entonces era directora para América Latina y el Caribe de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, aseguraba que los turistas estadounidenses, policías y militares eran los principales consumidores de este tipo de sexoservicio.

Las declaraciones que fueron hechas en la mesa “Pederastia Infantil en México, un Negocio Lucrativo” y retomadas por el blog La Prostitución, también apuntaban que Cancún, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Acapulco, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Ensenada, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y el Distrito Federal, acompañaban a la Angelópolis.

La especialista, incluso, refería que más de 50 mil menores de edad eran explotados en México a través del sexoservicio y que 90 por ciento de ellas, lo hacían bajo las órdenes y vigilancia de un “padrote”.

Los datos agregaban que la mitad eran menores analfabetas o con la primaria incompleta.

Mientras tanto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, resalta que la Organización Internacional del Trabajo ha identificado a más de 1 millón de niños y niñas que son objeto de tráfico todos los años.

Agrega que los cálculos a nivel mundial, indican que en la industria de la prostitución se explota alrededor de 1.8 millones de menores de edad, la mayoría niñas.

Problemas constantes

Sin embargo, la prostitución infantil no es un asunto nuevo o cuya difusión se haya dado en los últimos años y por lo menos, desde 1997, se tienen datos del problema que se ha dado continuamente en zonas como Quintana Roo y el Distrito Federal.

El Informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía en aquel año, ya documentaba los casos de la capital mexicana, Xalapa, el Puerto de Veracruz, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.

Fundación-Anesvad-FlickrEl texto firmado por Ofelia Calcetas-Santos subraya que tan sólo en el Distrito Federal, había una presencia particular de niñas de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que se prostituían especialmente en el mercado de La Merced, la terminal de Autobuses del Norte y las estaciones de metro Observatorio e Indios Verdes.

Agrega que el motivo de su sexoservicio y por tanto las ganancias, no eran para ellas; ya que se destinaban a “completar los ingresos familiares o contribuir a la educación de algún hermano menor”.

Lo anterior, después de haber pagado el dinero a los proxenetas, a propietarios de loncherías y cafés, así como a funcionarios locales que, refiere el escrito, “les exigen dinero a cambio de su protección.

En el texto emitido en aquel momento, la relatora confió en que el gobierno mexicano examinaría “a fondo las recomendaciones… a fin de prevenir y superar el problema de la explotación sexual comercial de los menores”.

Incluso, advirtió que “La falta de estadísticas y datos sobre el alcance de la explotación sexual comercial del menor no debe servir de excusa para no aplicar medidas de prevención e intervención”; porque el asunto era “evidente”.

Sin embargo, al menos cinco de las ciudades mencionadas en dicha relatoría (Distrito Federal, Cancún, Veracruz, Ciudad Juárez y Tijuana) aún persistían con problemas 14 años después.