Con la promulgación de las reformas secundarias en materia energética, este 11 de agosto, por Enrique Peña Nieto en Los Pinos, se da por concluida uno de los más “ambiciosos” paquetes de reformas estructurales en México desde Carlos Salinas de Gortari.

Ambicioso, no por la alteza de miras, sino por los intereses económicos involucrados en dicho paquete, que incluye lo mismo al todopoderoso sector de las telecomunicaciones, hasta cada una de las vertientes del sector energético, pasando por las modificaciones para permitir la ocupación temporal de tierras y la extracción de gas vía la fractura hidráulica, sin olvidar los intereses que se involucran en las reformas fiscal, financiera, y la laboral que buscan “facilitar” mayores ingresos fiscales –a costa de los de siempre-, el fortalecimiento del sector financiero –comenzando por los banqueros-, el desarrollo económico –de unos cuantos- y la supuesta generación de empleos mediante la contratación a destajo, minimizando derechos laborales.

Más temprano que tarde, comprobaremos qué tan ambicioso resultó ser el paquete de reformas en México para los inversionistas privados nacionales o extranjeros, aunque de acuerdo a las expectativas de analistas económicos no se ve que siguiendo las recetas del FMI caducas y fallidas en otras partes del mundo, las recientes reformas vengan a contribuir al desarrollo económico de México, y mucho menos apueste a la disminución de las desigualdades entre los cada vez menos ricos más ricos, y los cada vez más pobres más miserables. En fin, esto el tiempo lo dirá.

Ahora quiero ir a un tema del que todos los involucrados parece habérseles olvidado en el paquete de reformas prioritarias, que fue un eje central de la campaña de quien hoy ocupa la silla presidencial, que se comprometió y firmó ante notario, y del cual Enrique Peña Nieto no dice ni una palabra, y sus corifeos tienen vetado, pero que a raíz de las recientes denuncias de diputados de Movimiento Ciudadano sobre bonos o subvenciones extraordinarias para los legisladores, de las cuales nadie sabe a ciencia cierta su justificación, su monto ni su destino, debería volver a ser un tema central de la agenda política y legislativa. Me refiero a la tan prometida transparencia, rendición de cuentas, y políticas anticorrupción. ¿Dónde quedo la tan anunciada comisión anticorrupción prometida por Enrique Peña Nieto?

Es recurrente, y lastimoso para la ciudadanía, conocer de casos como los moches que se dan para bajar recursos públicos para la realización de ciertas obras, o de las multimillonarias cantidades que le son desviadas por empresas como Oceanografía sin castigo alguno, saber que los pasivos laborales de empresas como CFE y PEMEX, generados por la corrupción de sus directivos y cúpulas sindicales, deberán ser cubiertos con recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes cautivos de siempre.

Y además enterarnos ahora, que durante la aprobación de las reformas estructurales, ha habido “subvenciones extraordinarias millonarias” (por lo menos dos), entregadas a los coordinadores grupos parlamentarios, sin que sepamos -ni si quiera el común de los legisladores sepa- de qué cantidad estamos hablando, cuál fue la justificación para aprobar una subvención extraordinaria, si no es suficiente con las dietas y demás apoyos que reciben los legisladores como para todavía ser beneficiarios indirectos de un ingreso extraordinario, para qué se usó este recurso, cómo se distribuyó… Son preguntas que deben ser respondidas, y la ciudadanía tenemos derecho a saber, pues se trata de recursos públicos. ¿Cómo hablar de rendición de cuentas y avanzar en sistema nacional de transparencia cuando el Congreso es tan opaco?

Más allá del hecho al cual se ha hecho mención, de que se trata de bonos o compensaciones por aprobar las reformas, lo que las coloca en el escenario de sobornar a legisladores con recursos públicos, es preciso haya una rendición de cuentas y no se quede en una nota más de corrupción de las tantas que existen a diario en este país.

Por ello, como ciudadana y con fundamento al artículo 6 Constitucional que obliga a todos los poderes y consagra el principio de máxima publicidad de la información en manos de cualquier autoridad, exijo que:

  1. Se haga público el acuerdo del Comité de Administración de la Cámara de Diputados por el que se autoriza la subvención extraordinaria, explicitando los montos asignados por cada grupo parlamentario.
  2. Además de los montos, es preciso conocer la justificación que contiene el acuerdo para la autorización de la subvención extraordinaria, es decir el origen y destino de dichos recursos.
  3. La Secretaria General de la Cámara de Diputados muestre el estado de cuenta donde se encuentren los depósitos a cada grupo parlamentario con respecto a esta subvención extraordinaria, y
  4. Cada coordinador de los grupos parlamentarios demuestre el destino y distribución de esa subvención extraordinaria.

Dice el dicho que “el buen juez por la casa empieza”, como esperar que los estados y municipios sean transparentes y rindan cuentas, cuando los poderes a nivel federal brillan por su discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

Esta subvención extraordinaria proviene de recursos públicos, y es menester que las y los ciudadanos sepamos cómo se usan dichos recursos y para qué. Transparentar al Legislativo es una tarea prioritaria que no puede esperar, y como ciudadanos debemos demandarlo.