El próximo domingo 10 de agosto se llevará a cabo una marcha del silencio por la dignidad y la paz en Puebla, que tiene como propósito exigir la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle, y la derogación de las leyes contrarias a los habitantes de nuestra entidad, como es el caso de la Ley de Expropiación, la privatización del SOAPAP,  la llamada Ley Bala, el decreto que suprime el Hospital del Niño Poblano y otros ordenamientos que han generado un gran malestar, como la ley del Transporte.

Se exige, asimismo, la liberación de los 37 presos políticos y las renuncias del Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado y del Secretario de Seguridad, Facundo Rosas.

Aunque entre los principales convocantes aparecen la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Movimiento Nacional por la Esperanza (MNPE),  el Frente Amplio Social (FAS) y el Frente Poblano contra la Represión (FPCR), la marcha intenta involucrar a todos nuestros conciudadanos inconformes con el despotismo del actual gobierno, más allá de sus tendencias ideológicas o afiliación política.

En ese sentido, se trata de un evento cívico destinado a exigir el respeto a los derechos humanos y a rechazar el autoritarismo de la administración morenovallista.

Celebramos que los promotores de dicho acto se esfuercen por convocar a toda la población, ya que la crisis que vive el estado de Puebla ha llegado a tal grado que peligran los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos.

La defensa de las libertades políticas y sociales no es un asunto reservado a los partidos políticos y las organizaciones sociales: es una cuestión que debe involucrar, reiteramos, a todos los poblanos amantes de la paz y del respeto al Estado de Derecho.

El hecho de que se trate de una marcha silenciosa tiene que ver precisamente con el objetivo descrito: se trata de anteponer la civilidad a la violencia, la dignidad al atropello de los principales valores humanos.

El antecedente más importante lo encontramos en la marcha del silencio que organizaron los  universitarios de la ciudad de México durante el Movimiento Estudiantil de 1968, misma que estableció un hito fundamental del mismo.

A diferencia de la gran manifestación de protesta que impulsó la sociedad poblana contra el gobierno de Mario Marín Torres (MMT) --poco después del escándalo suscitado por la detención de la periodista y escritora Lydia Cacho--, en la cual desempeñaron un papel fundamental los principales organismos de la iniciativa privada (los cuales no tardaron en dar marcha atrás, una vez lograron arrancarle al gobernador todo un cúmulo de concesiones), la marcha del domingo 10 de agosto tiene un carácter eminentemente popular, evitando en todo momento que sea protagonizada por determinadas instituciones, partidos u organismos que en determinado momento experimenten la tentación de usarla para sus intereses particulares.

Tal vez nos encontremos con los rostros de connotadas personalidades de la vida política de nuestra entidad, pero este hecho no implicará en absoluto que se desdibuje el objetivo cívico de la marcha.  No perdemos de vista que entre los militantes de los principales partidos de Puebla –ora del PRI, del PAN o del PRD, etc.— se encuentran ciudadanos honestos, que ansían que nuestra entidad supere la barbarie y las formas despóticas de gobernar, y que están muy lejos de pretender aprovechar el malestar ciudadano para favorecer a sus organizaciones políticas.