Nota del Editor: El siguiente artículo fue escrito por Amanda Georgina González Ochoa, coordinadora regional de la investigación sobre migración de retorno y sus impactos en los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas en Iniciativa Ciudadana.
Además es integrante del Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla. Puedes encontrarla en twitter como @migracionpuebla
En alguna ocasión, visitamos el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, y les preguntamos a varios migrantes retornados, que habían regresado deportados o por voluntad propia, ¿cómo se encontraban de salud después de regresar de Estados Unidos?
La respuesta fue inmediata: “Uh, muchos se enferman allá y se vienen a curar acá, la comida nos cae mal y otros llegan con vicios”.
Posterior a esto atravesamos la mixteca oaxaqueña para adentrarnos a la mixteca poblana, y en Chinantla hicimos la misma pregunta, y la respuesta fue:
Estando allá me puse mal de la diabetes sin saber que lo tenía, ya cuando regrese tenía 300 de azúcar, de milagro vivo; pero ahora que estoy aquí, que como verduras, nopales, pitayas, ya me siento mejor, aunque tenga diabetes”.
Lo anterior ejemplifica la magnitud del problema que tenemos a nivel nacional y el impacto que regionalmente está teniendo en nuestras comunidades de origen. Y no sólo eso, ahora veamos las condiciones de nuestros paisanos en Estados Unidos.
El Tercer Reporte Cuatrimestral en Migración, Puebla, menciona que:
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, aproximadamente 59% de la población migrante mexicana que vive en los Estados Unidos (5.5 millones) carece de cualquier tipo de cobertura médica”.
“Una quinta parte (22.5%) de los mexicanos nacidos en Estados Unidos tampoco tiene cobertura médica, en comparación con 13% de la población blanca nativa que presenta la misma condición (SSA, 2007-2012a)”.
Como vemos el reto es grande; sin embargo, centrémonos en el caso poblano utilizando el análisis que desde el Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla realizó.
Aproximadamente, en la entidad se tienen registradas 2,858,894 personas que son derechohabientes y 1,316,125 personas son atendidas por el Seguro Popular (Puebla, 2013), lo que representaría el 49.4% y 22.77% de la población, respectivamente, que recibe algún tipo de atención médica”.
“De igual forma, por sus indicadores de servicios médicos en instituciones públicas, Puebla posee el lugar número 26 y 30 a nivel nacional en recursos humanos al tener 1.3 médicos por cada mil habitantes y 1.3 enfermeras por cada mil habitantes”.
“Además, el estado ocupa uno de los últimos lugares, el 29, en la provisión de servicios por cada mil habitantes, principalmente, en el área de consultas generales e intervenciones quirúrgicas (INEGI, 2012, pág. 41)”.
“Paradójicamente, esta misma entidad en el sector privado de salud ocupa el lugar 17 en personal médico que está en contacto con el paciente y el lugar 13 y 14 en el número de establecimientos de atención médica (hospitales de especialidades y generales, respectivamente) (INEGI, 2012, pág. 41)”.
“Esto implica un importante rezago de la entidad a nivel nacional en materia de recursos humanos y servicios para la atención de sus habitantes en materia de salud en el sector público. A su vez, esta situación puede agudizarse en zonas con alta tendencia migratoria”.
Si bien existen programas como “Vete Sano, Regresa Sano” a nivel federal, y las “Ventanillas de Salud” en los consulados en Estados Unidos; el tema de salud carece de bases que se consoliden en políticas públicas con una perspectiva binacional y que refuercen el acceso y ampliación de la cobertura médica, punto trascendental sobre todo en migrantes que deciden regresar a México para ser atendidos en sus estados de origen.
Esto no sólo es un trabajo de colaboración entre Estados Unidos y México, sino que desde el Estado de Puebla también se debe encontrar una solución.
Siendo así, desde el Observatorio Ciudadano proponemos que se rediseñen las políticas públicas para migrantes en materia de salud, para extender la posibilidad del migrante de ser atendido en cualquier momento de su trayectoria migratoria (partida, tránsito, llegada y retorno) y reducir su vulnerabilidad social ante su movilidad migratoria.
Lo último responde a la necesidad de incorporar los intereses tanto del Estado como la sociedad, en la construcción de soluciones ante la gran diversidad de problemas relacionados con la migración; en un marco de gobernanza migratoria, que no es más que la coordinación entre interlocutores sociales y la sociedad civil para una adecuada gestión de las migraciones (Tamagno).
