Detenidos civiles y policías por el caso Chalchihuapan

Este viernes el gobierno del estado de Puebla realizó el evento de cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del pasado 11 de septiembre, derivado del caso Chalchihuapan.

En un comunicado, el gobierno de Puebla informó las acciones que realizara respecto a dicha recomendación, derivada del desalojo de manifestantes en la autopista Atlixco-Puebla, el pasado 9 de julio en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan.

Anunció la creación de la Fiscalía Especial de Investigación para el caso de San Bernardino Chalchihuapan y como titular de ésta nombró a José Antonio Pérez Bravo.

Se capacitó en derechos humanos a todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley en el estado, e hizo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza pública.

La Secretaría de la Contraloría, inició los procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la CNDH en contra de los servidores públicos responsables.

Con motivo de dichos procedimientos, la Contraloría determinó sancionar al secretario de Seguridad Pública (SSP) con una amonestación y una multa, asimismo se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a seis elementos responsables del operativo del 9 de julio.

Por otra parte, esta misma dependencia, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para la Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial y a dos mandos operativos.

La Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan, ejerció acción penal contra probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo, libradas por un juez penal, fueron detenidos seis elementos de la Policía Estatal.

Además de cinco personas civiles quienes fueron puestos a disposición del mismo juez.

José Montiel, Consejero Jurídico del Ejecutivo del estado, anunció la creación de un Fideicomiso Público cuyo objeto es hacer frente a la reparación del daño e indemnizar a las víctimas de estos hechos y a sus familiares.