Los genocidios cometidos por militares en Tlatlaya y policías municipales de Iguala coludidos con la delincuencia organizada en Ayotzinapa son de gran importancia para todos, no solamente por los 22 muertos en el Estado de México o los 43 normalistas desaparecidos, sino porque ambas masacres afectan a todo el país y nos remiten a un México autoritario, sangriento, atrasado en materia de Derechos Humanos que desde 1988 o 2000 creíamos olvidado.

Más allá de que personajes del PRI nacional como el “innombrable” Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa supuestamente hayan aprovechado los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, para cobrarle al presidente Enrique Peña Nieto las facturas pendientes de haberlos relegado apenas en el 2do año de su gestión, la realidad es que ambas matanzas dañan a cada mexicano.

Por eso se explica que en Canadá, Estados Unidos, Londres y en cada parte del país haya manifestaciones de molestia y exigencia de que aparezcan, vivos, los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque la lógica policial y política indica que es casi imposible que se mantengan con vida.

Los asesinatos de militares en Tlatlaya y policías municipales en Iguala han hecho que México –y los mexicanosretrocedamos décadas en materia de derechos humanos y de respeto a las manifestaciones ciudadanas, porque las últimas grandes matanza s perpetradas por supuestas “fuerzas del orden” en este país habían sido en 1968 (Tlatelolco) y 1971 (halconazo).

Mexicanos, vueltos a la realidad

Ayotzinapa y Tlatlaya duelen…y mucho, porque nos volvieron a la realidad: México padece un sistema político represor, autoritario, atrasado, en el que los partidos políticos, la CNDH, las cámaras de diputados federales, locales y de senadores, la SCJN cuestan miles de millones de pesos al año…pero no sirven ni para que se respeten los derechos de los mexicanos y mucho menos para que vivamos mejor.

Con el surgimiento de la izquierda institucionalizada como partido político en 1989, la aparición del IFE y la CNDH, la alternancia en el poder presidencial en el 2000, una supuesta “democracia electoral” en la que, se presume, cualquiera puede ganar y perder, además del  gran boom del internet y las redes sociales, se suponía que desaparecerían los genocidios perpetrados por las fuerzas del orden, como el Ejército o una corporación policiaca de gobierno.

Además, supuestamente el Facebook, twitter y el internet son un límite a los abusos de los gobernantes y sus “fuerzas del orden”. Pero Tlatlaya y Ayotzinapa demostraron que en pleno siglo XXI, a punto de iniciar el 2015, un militar de 2do nivel o un presidente municipal de pacotilla, como el de Iguala, pueden asesinar o mandar a desaparecer a decenas de jóvenes, sin que lo impidan  el gobierno de Peña Nieto, la SCJN, la CNDH  ni mucho menos los partidos políticos.

La realidad del México del 2015 es muy similar a la que vivió la sociedad en 1968 o 71: alcaldes, sus cónyuges y/o uniformados pueden matar o desaparecer a cualquiera y por cualquier motivo, sin que el gobierno federal haga respetar los derechos humanos o, en su caso, cuando menos encuentre los cuerpos de las personas secuestradas.

La verdad es que lo que sucedió en Ayotzinapa… Nos puede ocurrir a todos.

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