De acuerdo a información proporcionada por el doctor Eudoxio Morales Flores,  investigador de del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía la BUAP, actualmente la deuda del gobierno estatal de Puebla asciende a más de 34 mil millones de pesos, considerando los más de 26 mil millones empeñados por el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, más la deuda directa y avalada, contingente y sin aval que se reconoce por más de 8 mil 690 millones de pesos (Vid. La Jornada de Oriente, 25 de febrero de 2015, nota de Martín Hernández Alcántara).

De esa forma, como observa también Alejandro Chávez Palma, investigador de la BUAP, en tres años de gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ya se igualó a toda la deuda heredada de su antecesor Mario Marín Torres, que al cierre de 2010 llegó a 9 mil 105 millones».

Para amortizar estas cargas, los poblanos pagarán este año 519 millones de pesos, de los cuales 65 millones recortarán la deuda contratada y 454 millones son de intereses bancarios (Vid. E-Consulta, nota de Samantha Páez, 25 de febrero de 2015).

Sin duda la administración de Rafael Moreno Valle replicará que buena parte de la deuda del gobierno estatal “no es deuda”, dado que 26 mil millones de pesos están incluidos en el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Pùblico,  los PPS “son una modalidad de participación pública privada en el cual el sector privado presta servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público. En esta modalidad se comparten las capacidades, fortalezas y recursos de ambos sectores para ofrecer servicios de calidad a la población…

Un PPS se desarrolla con base en un contrato de servicios de largo plazo, a través del cual un inversionista proveedor proporciona un conjunto de servicios al sector público, de acuerdo a niveles de calidad definidos durante la vida del contrato. Los servicios contratados en un PPS deberán servir de apoyo para que el sector público pueda dar cumplimiento a las funciones y servicios públicos que tienen encomendados. En el caso más completo, el inversionista proveedor se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con esta provisión” (Vid. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Preguntas frecuentes. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/ppi/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx).

Lo cierto es, sin embargo, que los PPS son esquemas de coinversión entre gobierno y particulares, donde el empresario se vuelve financiero del proyecto y recibe el usufructo a largo plazo.

Este esquema de inversión disfraza la contratación de deuda pública directa y permite endosar a futuros gobiernos su cumplimiento.

Varios economistas, entre ellos el senador panista Javier Lozano Alarcón –un apologista eterno del actual jefe del Ejecutivo—reconocen esa situación.  Hace unos días, éste, en rueda de prensa, aseguró que “los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) deben ser considerados deuda pública en la implementación de la nueva ley para controlar el endeudamiento de estados y los municipios” (Vid. Cambio, 11 de febrero de 2015).

Tarde o temprano, los 15 mil 443 millones de pesos que resultan de la deuda derivada de los PPS habrán de convertirse en una pesada carga para el erario.

Los PPS contratados hasta el momento son: el Museo Internacional Barroco, que costará a los poblanos 7 mil 280 millones de pesos; el Centro Integral de Servicios (CIS), por 3 mil 800 millones; la plataforma de AUDI que tiene un costo de 2 mil millones. Así como la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopan de mil 662 millones de pesos; la Estrella de Puebla de 400 millones de pesos; el edificio de la Procuraduría de 158 millones y el teleférico de 143.4 millones de pesos.

De ahí que resulte muy interesante la iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución Política que presentó en marzo de 2013 el diputado Javier López Zavala –excandidato a la gubernatura del estado de Puebla–, en la que plantea lo siguiente:

Los PPS (proyectos de prestación de servicios con participación privada) presentan el riesgo de presupuestación multianual, por lo que el Estado debe prever y asegurar las partidas presupuestarias correspondientes así como involucrar al Congreso en la evaluación y presupuestación durante la vigencia de los proyectos (…)Por lo anterior, la propuesta de reforma constitucional que presento tiene como objetivo que la contratación de endeudamiento de estados y de los municipios se realice al menor costo posible. Para ello las entidades deberán realizar en particular (…)

El Congreso analizará y aprobará los PPS de manera previa a su licitación por parte del Estado, así como incluirá en el Presupuesto de Egresos las asignaciones necesarias para cumplir con las obligaciones que se deriven de estos contratos(…) El Congreso podrá aprobar la afectación de ingresos de los estados y municipios respecto al cumplimiento de las obligaciones que deriven de la contratación de PPS(…)Los Congresos de los estados deberán reformar la Ley de Deuda que incluya las características siguientes:

• Establecer bases claras para la contratación y administración de la Deuda Pública en el estado y los municipios. • Regular de manera eficaz y eficiente los mecanismos para la afectación de ingresos federales, de ingresos estatales, municipales y de otros ingresos.• Incorporar la figura de un pagador independiente. • Facultar al Ejecutivo de los estados y a los ayuntamientos para contratar instrumentos derivados para mitigar riesgos de mercado.• Regular con flexibilidad, certeza y transparencia financiera la contratación de pasivos a corto plazo a cargo de las entidades estatales y municipales” (Vid. Gaceta Parlamentaria, Número 3732-V,miércoles 20 de marzo de 2013).

Todo parece indicar que tal propuesta fue archivada.  Sería conveniente  retomarla, a efecto de que entidades federativas –como Puebla–  eviten un endeudamiento que recaiga sobre las espaldas de varias generaciones.

 

POB/BDH