Hace unos días, en este mismo espacio, planteamos que se tornaba necesario –para la salud pública de Puebla– la difusión del video de la brutal represión de que fueron objeto varios estudiantes de la BUAP  en la madrugada del  8 de febrero por un grupo paramilitar que hasta el momento permanece en el anonimato.

Los estudiantes declararon que fueron golpeados por aproximadamente 40 individuos, la mayoría de ellos encapuchados, cuya acción fue presenciada por en todo momento  por elementos de la policía municipal y estatal.   

Sosteníamos al respecto que, debido a la semejanza de ese hecho oprobioso con lo sucedido en Ayotzinapa  (en donde la fuerza pública presenció lo ocurrido, sin intervenir), era necesario analizar el video con el objeto de distinguir a los golpeadores,  con el objeto de saber con precisión quién o quiénes habían contratado a éstos sujetos.

En su momento, el Movimiento de Alternativa Social (MAS)  le exigió al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) del Ayuntamiento de Puebla –quien posee las grabaciones de las cámaras que vigilan el primer cuadro de la ciudad–  la presentación del video de referencia, pero tal instancia no respondió.

Hace unos días el periódico Metro le formuló también al CERI tal petición, pero la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSP y TM) del ayuntamiento respondió negativamente, arguyendo “que entregarlo podría dañar la estructura diseñada por la corporación para combate a la inseguridad BUAP (Vid. Metro, 4 de marzo de 2015. Nota de Francisco Rivas).

Agregó que estos videos son la principal herramienta para la elaboración de acciones de inteligencia en contra de la delincuencia organizada. Por eso, mostró como defensa el acuerdo de reserva REF.364/ CGT/0711 que mantiene bajo resguardo la red de videovigilancia de la ciudad de Puebla (El documento fue firmado por Minerva Rivera García, directora jurídica de la Unidad de Acceso a la Información de la dependencia).


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¡Vaya respuesta tan burda!… ¿no se trata, justamente, de evitar que “la delincuencia organizada” perpetre acciones contra nuestros conciudadanos?… Si las autoridades municipales realmente estuviesen dispuestas a combatir a fondo a los delincuentes, lo primero que debieron haber hecho es mostrarse dispuestas a presentar el video de la represión a los estudiantes, con el propósito de adoptar acciones inmediatas encaminadas a castigar, tanto a los autores materiales como intelectuales de tal acción.

¿A quién, a quiénes, le sirve que tal información se “reserve” por un plazo de siete años?  Según el CERI, los videos “forman parte de una investigación en curso a cargo del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

¿Es que acaso, entonces, se piensa que la investigación durará tanto tiempo?…De ser así, ¿no pone esto en duda la capacidad de nuestro sistema de justicia de  actuar con eficacia y eficiencia en el menor tiempo posible?

¿O se trata, más bien, de impedir que salga a la luz pública lo relativo a las autoridades implicadas?

La agresión contra los estudiantes que se encontraban en el Zócalo, tal como lo expresó el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, no sólo fue un atentado contra ellos sino contra el conjunto de la comunidad universitaria.

Al mismo tiempo, fue un atentado contra todos los poblanos, dado que se violó de manera flagrante el derecho a la libertad de expresión, consagrado en nuestra Carta Magna.  De ahí que resulte inadmisible el argumento de nuestras autoridades municipales.

Hasta donde llega nuestra información, en la mayoría de las naciones donde se presentan hechos graves se difunden de inmediato los videos que graban la situación correspondiente.

Véase, por ejemplo, lo sucedido en Ferguson, Estados Unidos, donde fue asesinado el ciudadano de color Michael Brown por un miembro de la fuerza pública. Las imágenes de este hecho recorrieron el mundo en cuestión de horas.

Por todo lo anterior, reiteramos: los videos de la represión del 8 de febrero deben salir a la luz pública. En ese sentido, sería conveniente que los medios de comunicación más responsables de nuestra entidad se sumen a la petición del periódico Metro, a efecto de desplegar una mayor presión pública que obligue a las autoridades municipales a poner a disposición del público la información de los videos multicitados

 

POB/GACC