Entre 2010 y 2013, 54 mil 840 mujeres pasaron por la experiencia un aborto en algún hospital de Puebla.
Según consta en los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ocho de cada 10 casos tuvieron lugar en instituciones públicas, ya fuera como parte de los servicios a derechohabientes o dentro del esquema del seguro popular.
2011 y 2012 fueron los años más críticos para las poblanas. En cada uno de ellos, se rebasaron los 15 mil legrados e incluso, la cifra estuvo cerca de llegar a 16 mil intervenciones quirúrgicas de este tipo en 12 meses.
Destaca que para 2013, las cifras presentaron una caída sensible al solo contar 10 mil 25 interrupciones de embarazos; lo que además representa el número más bajo del periodo analizado por Poblanerías en línea.
México, datos incompletos
Al procurar un contexto para los datos locales, este medio pudo corroborar que la Secretaría de Salud (SSA) federal emite estadísticas incompletas cuando se trata del aborto.
El anuario nacional más reciente cuenta con datos de los legrados practicados en clínicas y hospitales privados; pero omite los servicios que se dan en los nosocomios a cargo del Estado.
El documento detalla en ese contexto, que los establecimientos particulares reportaron 151 mil 981 casos entre 2010 y 2013.
Puebla concentraría una tercera parte de dichos abortos; sin embargo, esta proporción no es exacta ante la carencia de cifras gubernamentales.
Abortos legales vs ilegales
Para la Secretaría de Salud cualquier interrupción del embarazo antes de las 21 semanas de gestación, es considerada como un aborto.
Sin embargo, el Código Penal del Estado de Puebla desecha este criterio y lo define como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.
Los abortos son considerados como un delito en la entidad, salvo que se presenten bajo cuatro circunstancias específicas:
- Cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada.
- Cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
- Cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asiste y oyendo el dictamen de otro médico.
- Cuando se deba a causas “eugenésicas” (enfermedades o deficiencias congénitas) graves.
Si el legrado no se registra en alguno de estos supuestos, puede derivar en penas de cárcel para los médicos y la mujer involucrados.
Quienes practican un aborto podrían enfrentar de uno a tres años de prisión si lo hicieron con el consentimiento de la mujer, de tres a seis años cuando no exista tal acuerdo y hasta ocho años si emplean “violencia física o moral”; además, serán suspendidos de dos a cinco años para ejercer su profesión.
La madre, por su parte, será encarcelada de seis meses a un año si no tiene “mala fama”, si logró ocultar su embarazo y si este no es fruto de un matrimonio. En caso contrario, la pena se extiende de uno a cinco años de encierro.
Por su parte, el Artículo 26º de la Constitución Política del Estado de Puebla fue reformado en junio de 2009 y en él se determinó la obligatoriedad del gobierno para proteger la vida humana “desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos por la ley”.
Poblanas abortan en la Ciudad de México
En 2007, la Ciudad de México se convirtió en la primera demarcación del país que despenalizó el aborto antes de las 12 de semanas de gestación, a través de un proceso de interrupción legal del embarazo aplicado en los hospitales de la Secretaría local de Salud.
Los datos recabados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) refieren que desde entonces, 138 mil 792 mujeres se han practicado un legrado.
Puebla aparece como el tercer estado de origen entre las embarazadas que decidieron interrumpir su gestación en alguna de las clínicas de la capital del país, con 774 casos.
Regularmente, las mujeres que acuden a practicarse un aborto en la Ciudad de México son jóvenes entre 18 y 24 años, solteras, estudiantes de preparatoria, que nunca han tenido hijos y que profesan la religión católica.
La mayor parte de ellas llegan con embarazos máximos de siete semanas; por lo que se les da medicamentos abortivos y luego de esto, se les coloca un dispositivo intrauterino.
Abortos inducidos
A esto habría que agregar la situación de los abortos clandestinos inducidos que hasta 2008, tenían una tasa estimada de 33 casos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años a nivel nacional y de 36 por cada mil mujeres en la zona centro, donde se ubica Puebla.
Lo anterior –refiere el estudio “Datos sobre el aborto inducido en México” hecho por el Colegio de México, el Guttmacher Institute y la oficina para México del Population Council– reflejaba que las jóvenes mexicanas presentan cada vez más embarazos no deseados.
También puso de manifiesto la necesidad de legislar nuevamente sobre este asunto y ampliar las causales para permitir los legrados; de modo que puedan realizarse en ambientes controlados.
El análisis argumenta que esta práctica (considerada como violencia sexual) también había derivado en un aumento de 40% en las hospitalizaciones por complicaciones postaborto.
POB/GACC
