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Han pasado 365 días desde que los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la autopista Puebla-Atlixco. El motivo: la aprobación del Congreso de Puebla para que el Registro Civil de las juntas auxiliares pasara a control y administración del Estado.
Luego de cuatro horas de bloqueo y ante la negativa de retirarse, la Policía Estatal procedió al desalojo de la carretera, que terminó en una refriega. El saldo: 20 lesionados y cuatro detenidos.
En el enfrentamiento, policías estatales replegaron a los manifestantes con proyectiles; uno de esos lesionó el cráneo de José Luis Tehuatlie, un menor de 13 años.
Escenas grabadas en video mostraron al niño herido, quien posteriormente fue ingresado al Hospital General del Sur, y a partir de ese momento comenzaron las versiones de que la policía disparó balas de goma para dispersar la protesta.
El gobierno de Puebla sostuvo que había ocupado “equipo antimotines” y abrió una averiguación previa contra los manifestantes.
Una semana después del enfrentamiento, Luis Maldonado ofreció una primera explicación de los hechos. Aseguró que los protestantes usaron cohetones, bombas molotov y “piedras de gran calibre” para atacar a los agentes. Por ello, las autoridades acusaron a Javier Montes, ex presidente auxiliar de Chalchihuapan, de liderar las agresiones a los policías.
La Comisión estatal de Derechos Humanos entró a escena cuando Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, interpuso una queja por las lesiones de su hijo.
Por su parte, Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla, sostuvo que se haría lo necesario para evitar que se violentara la ley y pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso; sin embargo, la PGR se negó y solo ofreció colaborar con la investigación.
Diez días después del enfrentamiento José Luis Tehuatlie es declarado con muerte cerebral y menos de 24 horas después, se declara oficialmente su fallecimiento.
Para el 30 de julio, 21 días después de los hechos, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a través de su titular, Víctor Carrancá, difundió peritajes que concluyeron que José Luis murió por la onda expansiva de un cohetón.
Ante las inconformidades de los resultados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la investigación a incios de agosto. Un mes después, en septiembre, emitió un dictamen donde informó que el niño fue golpeado por un cilindro de gas lacrimónego lanzado por los policías estatales.
En ese dictamen, la CNDH emitió las Recomendaciones sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos “Caso Chalchihuapan”.
En el informe, Raúl Plascencia Villanueva, entonces ombudsman de la CNDH, recomendó al gobierno del Estado de Puebla iniciar un procedimiento de responsabilidad en contra de Facundo Rosas, Secretario de Seguridad Pública del Estado, pues durante el operativo para desalojar a los manifestantes estuvo a cargo en “todo momento”.
También pidió la creación de una Fiscalía Especial que investigue las agresiones en contra de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.
El gobierno aseguró que acataría todas las recomendaciones; parte de ellas fueron cumplidas en octubre, cuando se detuvo a seis policías y cinco civiles.
Sin embargo, a un año del enfrentamiento, Elia Tamayo y los pobladores de Chalchihuapan no han recibido justicia.
El 8 de julio, la CNDH informó que el gobierno de Puebla no ha cumplido cinco de los once puntos recomendatorios.
Los puntos, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destacan el informar sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño a las víctimas.
La CNDH considera que el acto de disculpa pública de las autoridades de Puebla hacia las víctimas no se ajustó a los estándares internacionales, por tanto, el punto se encuentra pendiente de cumplimiento.
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Texto: Lizeth Flores Jácome
Video: Pablo Spencer Castells
POB/LFJ
