Este 9 de julio, como es del conocimiento público, se cumplió un año de la tragedia ocurrida en San Bernardino Chalchihuapan, en la que perdió la vida el niño José Luis Tehuatlie.

Las heridas de tal acontecimiento, lejos de cicatrizar, continúan abiertas. El jueves, diversas organizaciones políticas y sociales que forman parte del proyecto “Puebla Libre”, le  exigieron al gobernador de Puebla dar cumplimiento a todas las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre las que destaca la exigencia de una  de una disculpa pública por la tragedia. Empero hasta el momento el Ejecutivo Estatal ha eludido tal compromiso. Justamente el jueves por la tarde, la CNDH reiteró tal exigencia.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, se sumó a la petición de “Puebla Libre”, demandando al gobierno el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, así como informar acerca de la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en tal hecho ominoso.  También las fracciones legislativas de Movimiento Ciudadano y del PT se pronunciaron en ese sentido.

Caso de que el Ejecutivo Estatal continúe reacio a cumplir con la exigencia mencionada, ¿es que acaso no existe ley u ordenamiento alguno que obligue a los gobernadores a cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH?

Pregunto esto porque desconozco los alcances jurídicos de ésta.  Empero, ¿no se supone que sus dictámenes son obligatorios? De no ser así, ¿entonces cuál es su verdadero papel?  Que no se me malentienda: estoy convencido de que la CNDH cumple un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, tal como lo pone de relieve su interés por el caso de Chalchihuapan.  Pero, insisto, ¿es que acaso entonces la CNDH es solo una instancia de tipo moral, cuyas prerrogativas no llegan a convertirse en ley?

Se debe suponer que el Ejecutivo Estatal decida de plano no obedecer las recomendaciones de la CNDH, ¿entonces no pasa nada?...¿no contemplan las leyes mecanismos  encaminados a obligar a los gobernadores u otros funcionarios públicos a respetar sus decisiones?

Hasta donde llega la información, en las naciones más avanzadas del orbe los ombudsman sí están en condiciones de hacer valer sus directrices, a un grado tal que pueden someter a juicios penales a los  acusados.

En el caso que nos ocupa, el gobernador Rafael Moreno Valle no sólo ha eludido a la CNDH sino incluso al Congreso de la Unión, el cual  también le ha exigido cumplir con las disposiciones de la anterior, relativas al caso de Chalchihuapan. ¿Ello significa que tampoco el Poder Legislativo está en condiciones de obligar a los gobernadores u otros funcionarios públicos a cumplir con las recomendaciones de la multicitada CNDH?

Le pido disculpas al lector por formular las anteriores interrogantes. Lo que sucede, reitero, es que me extraña sobremanera que el primer mandatario se dé el lujo de eludir olímpicamente a la principal instancia defensora de los derechos humanos en nuestro país.

Desde luego, la cuestión que ocupa desborda infinitamente lo relativo al caso Chalchihuapan: tiene que ver, en general, con la defensa del Estado de derecho y de la libertad de expresión en nuestra entidad. Tal como lo expresó este jueves Francisco Serrano Romero, presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), es realmente deplorable que el gobierno  continúe reprimiendo a las organizaciones y líderes sociales.

De ahí que se torna preciso salvaguardar la libertad de expresión y de asociación, lo cual atraviesa, entre otras cosas, por eliminar de una vez por todas la llamada “ley bala”.  ¿No se supone que ésta había sido reformada, quitándole sus aspectos más peligrosos?

Felicito al COE por involucrarse en la defensa de las libertades políticas. Por lo general este tipo de instancias se limitan a la defensa de los intereses de sus agremiados empresariales. Ojalá y su ejemplo se extienda a otros organismos de la iniciativa privada.

Mientras tanto, a un año de la tragedia de Chalchihuapan ha llegado la hora de que la mayoría de los conciudadanos le exijan al gobierno estatal que cumpla con las exigencias de la CNDH.

 

POB/BDH