La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que el gobierno de Puebla no ha cumplido cinco de los once puntos recomendatorios que emitió por el caso Chalchihuapan.
A través de un comunicado, la CNDH hizo un llamado al gobierno de Rafael Moreno Valle para que cumpla con la Recomendación 2VG en su totalidad e insistió en que no permitirá que se dé “carpetazo”.
Los puntos, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destacan el informar sobre las sanciones administrativas y/o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño a las víctimas.
La CNDH considera que el acto de disculpa pública de las autoridades de Puebla hacia las víctimas no se ajustó a los estándares internacionales, por tanto, el punto se encuentra pendiente de cumplimiento.
El organismo señaló que ha enviado once solicitudes de información a diversas dependencias estatales, y ha recibido 28 oficios de respuesta.
Este 8 de julio, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General de l CNDH, recibió a Elia Tamayo, madre de José Luis Tehuatlie, menor que falleció a consecuencia del enfrentamiento el 9 de julio de 2014, y a Araceli Bautista, madre de Javier Montes, ex presidente auxiliar de Chalchihuapan.
A las instalaciones de la Comisión también acudieron Víctor Carrancá, Procurador General de Justicia, Malcom Hemmer Muñoz, titular de la secretaría de Contraloría y el Fiscal Especial del Caso Chalchihuapan, quienes expusieron los puntos cumplidos.
De lo anterior, se explicó que el gobierno de Puebla inició los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia que participó en los hechos.
También, se publicó el Reglamento Interiror de la Secretaría General de Gobierno, por el que se otorgan atribuciones específicas para la intervención en la solución pacífica de conflictos.
Se informó que el gobierno estatal emitió un Protocolo para la Bísqueda de Soluciones Pacíficas, además de entregar equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad para que registren su conducta a la hora de realizar operativos.
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