Por unanimidad el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una multa de 88.5 millones de pesos contra el Partido Verde, por falsear y ocultar información sobre operaciones por 11.2 millones de pesos por concepto de compra de 763 mil playeras.
Durante una sesión extraordinaria, el pleno del Consejo General acordó dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que actúen en el ámbito de sus competencias ante la probable comisión de actos ilícitos.
Ello, luego de que la Comisión de Fiscalización determinó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) omitió reportar el pago en efectivo y el origen de los recursos.
El representante de ese partido ante el Consejo General, Jorge Herrera, informó que impugnará esta decisión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Herrera Martínez explicó que fueron cuatro años de investigación lo que pone en evidencia la presunta eficiencia de la anterior Unidad de Fiscalización; “justicia que no es pronta y expedida no es justicia”.
Para nosotros la investigación está mal hecha, tenemos pruebas de descargo del partido”, dijo al manifestar su respeto al fallo del instituto.
Al argumentar su voto a favor del proyecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, señaló que las infracciones cometidas por el Partido Verde contravienen el espíritu de certeza que debe predominar en el ejercicio de los recursos públicos.
Más aún, abren la puerta a la probable comisión de conductas ilegales que en su caso deberán ser indagadas por las autoridades electorales y las autoridades competentes”, resaltó.
Córdova Vianello refirió que la opacidad financiera y el abuso en el manejo de los recursos resulta antagónico del nuevo modelo electoral; “podríamos decir que transparencia y rendición de cuentas constituyen dos de los pilares en los que está cimentado en los hechos en nuevo modelo de la democracia mexicana”.
Durante la discusión, el consejero Ciro Murayama informó que en realidad estamos ante dos contratos, “uno legal y firmado en 2008 y finiquitado en 2009, y otro que se ocultó y se desplegó en la oscuridad entre 2009 y 2010”.
La pretensión de engañar a la autoridad acredita el dolo, por lo cual la Comisión de Fiscalización propuso sancionar con 150 por ciento el pago de escrituras, con 200 por ciento como es usual los 11.2 millones por aportaciones de origen desconocido.
También con 150 por ciento el monto del contrato no informado a la autoridad y con ciento por ciento la omisión de recuperar la cuenta por cobrar. A cada una de estas infracciones corresponde además un ciento por ciento adicional por dolo.
La sanción propuesta por esta “trama ilegal” por uso de recursos por el PVEM fue de 88 millones 547 mil 641 pesos.
Como se ve, las pesquisas del INE son sólidas, no responde a coyuntura alguna. En este caso vienen de lejos, de años”, acotó el consejero, al precisar que en el INE “hay tolerancia cero para la violación de la norma”.
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