Hasta 40% creció el número de denuncias por robo de identidad en el primer trimestre de 2015, al pasar de 20,168 a 28,258 casos, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016, a celebrarse el 28 de enero, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil analizarán cómo fortalecer las acciones orientadas a detectar y prevenir este delito.
Actualmente, México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito, según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En 67% de los casos, el robo de identidad ocurre por pérdida de documentos, 63% por robo de carteras y portafolios y 53% por información tomada de la tarjeta bancaria, según el Banco de México (Banxico).
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer el caso de una joven de Nayarit, víctima del delito, a la que se le atribuyen 1,800 millones de pesos por adeudo fiscal.
Se trata de una suplantación de identidad, cuyo monto es el más alto que se tenga registro en México, mismo que inició en 2006, cuando los delincuentes falsificaron la credencial de elector de la joven, explicó la Prodecon.
La joven fue dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como comerciante de productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico y proporcionaron un domicilio ajeno.
En 2009, los delincuentes hicieron depósitos hasta por 800 millones de pesos, situación observada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A nivel internacional, 34% de la información robada es de trámites de gobierno, según la Firma de Seguros y Manejo de Riesgos Oswald.
17% es de tarjetas de crédito, 14% por robo de teléfonos y servicios públicos, 8% por el banco, 6% son datos de trabajo y 4% de préstamos.
La información obtenida de forma ilícita es utilizada para obtener tarjetas de crédito, cheques en blanco, transferencias desde cajeros, comprar inmuebles y comprometer a otra persona en un arresto.
POB/BDH
